La iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética limitaría la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano y desmantelaría la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.
Actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) administra 191 Centrales de Generación pero estas operan sólo al 55% promedio de capacidad; 69 de ellas, generan energías limpias (hidráulicas, geotérmicas, nuclear, eólica y solar).
En contraparte, la CFE señala que en el año pasado tuvo que comprar 90 Teravatio-horas (TWh) en el mercado eléctrico. Esto representó una inversión de 223 mil millones de pesos, mientras que con 45 de sus plantas subutilizadas pudo haber percibido 215 mil millones de pesos.
En la mañanera del 11 de octubre la secretaria de energía, Rocío Nahle, mencionó que la Reforma eléctrica plantea eliminar plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada. De igual forma, se plantea que el 46% de producción cotidiana tenga una auténtica competencia, justa y pareja.
Asimismo comentó que respecto a la transición energética en materia de electricidad, la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales, el 35% de la generación limpia al 2024.
¿Por qué le conviene al pueblo la reforma constitucional?
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas que «se sienten dueños de México» terminarán por acaparar todo el mercado eléctrico, lo que podría traducirse en el alza significativa de los costos de dicho servicio.
El Ejecutivo Federal mencionó que la anterior Reforma Energética, dada bajo la administración de Peña Nieto, favorece a sólo a número reducido de empresas. Añadió que esto mismo sucedía con la recaudación de impuestos.
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