La diputada Martha Lourdes Ortega Roque presentó en el Congreso del Estado de Guanajuato, una iniciativa con la que se busca garantizar los porcentajes mínimos de contratación de personas con discapacidad en el sector público, así como aquellos parámetros institucionales sobre su inclusión en el ámbito laboral.
La iniciativa establece que las dependencias, así como entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán garantizar la inclusión laboral. De tal forma que en su plantilla de trabajo tengan como mínimo el 3% de personas con discapacidad.
Así mismo, dio pauta a que se contemple en las diversas Leyes Orgánicas de los Poderes del Estado y la Municipal el deber de garantizar y aprobar los mecanismos necesarios, para el cumplimiento de esta inclusión laboral.
Durante su intervención la diputada señaló que las dificultades que enfrenta una persona en esta situación “desaparecen cuando se eliminan las barreras que encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana”, por ello la necesidad de políticas públicas para asegurar su plena inclusión y participación en la sociedad.
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“El Estado Mexicano, así como las entidades federativas tienen la obligación de generar, desde el ámbito de sus respectivas competencias, diversas acciones encaminadas a la salvaguarda y promoción de sus derechos, entre los cuales se debe garantizar el derecho al trabajo de ese sector poblacional”, apuntó Ortega Roque.
¿Cuál es el panorama en México y Guanajuato?
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen seis millones 179 mil 890 personas con discapacidad en el territorio nacional.
Por lo que se refiere al estado de Guanajuato, del total de población, la cual es de más de 6 millones de personas, 4.6% habitantes se encuentran en dicha situación, es decir, más de 283 mil personas.
Finalmente, Ortega Roque manifestó que con la iniciativa se podía estar en condiciones de garantizar de manera plena el acceso al empleo a estas personas, en igualdad de condiciones y oportunidades. La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
