El aumento del aguinaldo a 30 días conllevaría a afectaciones para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), advirtió Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Querétaro.
En entrevista, la líder empresarial señaló que celebran las políticas laborales. Sin embargo, apuntó que al aprobarse varias en un lapso corto de tiempo, esto repercutirá a los costos de las empresas.
“Los aumentos salariales, los aumentos en vacaciones que finalmente son un costo y si le seguimos sumando en un lapso tan corto de tiempo, lo que provocamos es que sobre todo las PyMES (…) es muy probable que tengamos un quiebre de muchas PyMES”, declaró.
Asimismo, alertó que al aumentar las empresas sus costos de operación, se podría dar un impacto en los precios. Ello, dijo, desencadenaría en un posible efecto inflacionario.
“Son las consideraciones que hacemos por las que decimos: sigamos trabajando, pero en un lapso tan reducido de tiempo, no nos parece que sea deseable (…) si aumentamos los costos directos a nómina y beneficios es muy probable que tengamos quiebre de muchas PyMES (…) podríamos tener un quiebre masivo”, añadió.
Según Hernández Rojas, la COPARMEX nacional ha considerado que hasta el año 2027 el salario podría alcanzar la línea de bienestar. Por ello, indicó que estas políticas tendrían que aprobarse de manera gradual para los próximos cinco años.
¿Qué implica el pago del aguinaldo?
La Ley Federal del Trabajo establece como un derecho para las personas trabajadoras el pago del aguinaldo, el cual debe darse antes del 20 de diciembre y, actualmente, corresponde a lo equivalente a 15 días de salario como mínimo.
Sin embargo, algunas empresas pueden realizar un pago superior al mínimo. Esta prestación se entrega a todos los trabajadores, sin embargo, si no han cumplido un año de servicio, se les tendrá que pagar la parte proporcional del mismo según el tiempo trabajado.
En caso de incumplimiento con el pago del aguinaldo, las empresas serán acreedoras a una multa económica. El trabajador contará con un año para reclamar ante la justicia laboral el pago de este derecho.
