Entra las 20 reformas que presentó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, destaca una que propone la desaparición de siete órganos autónomos.
Los órganos autónomos son instituciones técnicas establecidas y respaldadas por la Constitución Mexicana.
Operan con independencia en sus decisiones, estructura orgánica, personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley en todas las instituciones gubernamentales.
La propuesta presentada implica la modificación de trece artículos constitucionales para eliminar tres órganos constitucionales autónomos, dos órganos reguladores coordinados y dos organismos descentralizados que cuentan con autonomía.
Funciones de órganos autónomos de México pasarían a dependencias de gobierno
La iniciativa plantea el traspaso de las funciones de estos organismos a dependencias de la Administración Pública Federal.
A continuación, se enlistan los órganos autónomos que proponen eliminar y la institución a la que se trasladarían sus funciones.
¿Qué riesgos implica la eliminación de órganos autónomos con AMLO?
Al desaparecer los órganos autónomos, la arquitectura institucional estaría desequilibrada dada la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“La naturaleza de los órganos autónomos implica independencia técnica y financiera en su gestión; cuando ésta no existe, el cumplimiento de sus objetivos se pone en entredicho, sobre todo en la práctica”, detalló el IMCO.
Además, trasladar las funciones de los organismos autónomos reguladores en competencia y telecomunicaciones a la Secretaría de Economía incumpliría obligaciones del T-MEC.
La posible eliminación de instituciones como Cofece y el IFT afectaría el cumplimiento de compromisos establecidos en el T-MEC, que exige la existencia de autoridades independientes en estas áreas.
Eliminar el INAI, Coneval y Mejoredu representaría un retroceso en transparencia y evaluación de políticas públicas al comprometer la calidad y autonomía de los análisis.
Finalmente, concentrar las funciones de regulación de la CRE y la CNH en una secretaría de Estado podría cuestionar su imparcialidad, especialmente al regular empresas estatales.
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