Una de las 20 reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con motivo del Aniversario de la Constitución Mexicana en 2024, es la reforma a pensiones.
Esta reforma propone modificaciones en los artículos 4 y 123 de la Carta Magna. En el artículo 4, se reduciría la edad de elegibilidad para recibir una pensión no contributiva del Estado de 68 a 65 años.
Por otro lado, la modificación al artículo 123 garantizaría que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es de 16 mil 777.68 pesos.
En consecuencia, aquellos trabajadores cuyos salarios sean inferiores a este umbral tendrían una tasa de reemplazo del 100%.
Estas medidas se aplicarían tanto a empleados del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997, como a funcionarios públicos que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007.
¿De dónde saldría el dinero?
Para financiar este compromiso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecería un Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo se nutrirá con aportaciones del gobierno federal provenientes de diversas fuentes, tales como:
- Porcentaje de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- Recursos que se obtengan por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
- Ingresos que se generen por la eliminación de órganos autónomos.
- Recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores del IMSS.
- Subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a los 10 años de ser exigibles.
Implicaciones por la Reforma a pensiones de 2024
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la iniciativa va en contra del principal objetivo del sistema actual de ahorro para el retiro, que era garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
A mediados de 1997, el sistema transitó de un esquema de «beneficios definidos» a uno de «contribuciones definidas», lo que significa que cada trabajador puede financiar su propia pensión con los ingresos obtenidos durante su carrera laboral.
Si se aprueba esta reforma, el Estado mexicano asumiría la responsabilidad de un pasivo que aumentará a medida que crezca la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050.
Un incremento adicional, agrega el organismo, limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios.
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