Por: Edgar Guerra
La crisis de seguridad pública que México padece desde hace más de una década se ha clasificado como un problema nacional. La razón es política.
Las estrategias del gobierno federal se diseñan e implementan para la contención de homicidios dolosos, secuestros y tráfico de sustancias ilícitas porque los delitos que más percibe la ciudadanía son, precisamente, los de alto impacto. Es decir, los tipificados en el Código Penal Federal. Evidencia de esta percepción es que tanto en los medios de comunicación como en el ámbito social y político se discurre, prioritariamente, en torno a estos delitos.
Sin embargo, que las instituciones, las autoridades federales y la agenda nacional centren la discusión en la crisis de seguridad empobrece el entendimiento del fenómeno y se traduce en políticas y acciones de gobierno inadecuadas para afrontarlo. Ejemplo de ello son el fortalecimiento de la Guardia Nacional en menoscabo de la mejoría de las policías estatales y municipales o la iniciativa de reducción del presupuesto en materia de seguridad para los municipios.
En esta misma línea centralista de política pública, de aprobarse, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 que el presidente envió a la Cámara de Diputados tendrá un impacto negativo en la agenda de seguridad local.
Aparentemente, el PPEF 2021 busca orientar el gasto a salud, seguridad y recuperación económica. Pero lo cierto es que reduce las aportaciones federales para el cumplimiento de estos objetivos.
El presidente propone asignar a las entidades federativas un billón 867,000 pesos para gasto social e infraestructura. Esto representa casi 108,000 millones de pesos menos respecto a 2020. En términos reales, es decir, ya con la inflación, equivalen a un recorte de 5.4%.
Los rubros afectados son:
- Convenios de Descentralización, con 23% menos
- Participaciones Federales y Aportaciones Federales, con una disminución de 6.7% cada uno
- El Ramo 23, con una reducción de 41.77%.
Sin duda, este recorte tendría efectos adversos en las políticas de seguridad a nivel estatal y municipal. Afectaría gravemente el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y desaparecería el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Éste ha sido indispensable para financiar estrategias de formación y capacitación policial, certificación, compra de armamento, controles de confianza, patrullas y cámaras de video vigilancia.
Durante el ejercicio fiscal 2020, el Fortaseg benefició a 286 municipios con un total de 3,921 millones 700,000 pesos.
De los municipios de Aguascalientes, por ejemplo:
- La capital recibió 34 millones 60,575 pesos
- Calvillo, 6 millones 149,047 pesos
- Jesús María, 7 millones 442,554 pesos
- San Francisco de los Romo, 6 millones de pesos.
La experiencia y la investigación han demostrado que, en política de seguridad, no solo debe atenderse la procuración e impartición de justicia, sino también la prevención a través de la política social. También en este caso, pese a sus objetivos explícitos, el PPEF 2021 propone una reducción de 41.8% para el Ramo 23, destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo. De 15,168 millones de pesos pasaría a 9,145 millones.
Además, no asigna un solo peso al Fondo Metropolitano, instrumento de coordinación, profesionalización y evaluación de la política urbana. Tampoco al Fondo Regional, que hasta ahora se había destinado a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano, entre los que están San Luis Potosí y Guanajuato (que atraviesa una grave crisis de seguridad).
Así, a pesar de que declara objetivos bienintencionados, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no es transformador. Como en sexenios anteriores, sigue siendo sumamente centralista.
En aras de consolidar la agenda de seguridad basada en la Guardia Nacional, la propuesta del Ejecutivo reduce los apoyos a los gobiernos subnacionales, lo que se traduce en un retroceso para el desarrollo municipal y el fortalecimiento de la seguridad regional. Eso sin mencionar que privilegia proyectos faraónicos de infraestructura.
La agenda de seguridad debe cambiar su enfoque. Durante décadas ha privilegiado la mirada centralista. Para las entidades federativas y los municipios, esta medida ha resultado incluso cómoda en algunos momentos, pues el gobierno federal ha sido el responsable de las consecuencias políticas en la materia. No obstante, para incidir atinadamente en el problema de inseguridad y violencia es necesario un enfoque regional y local.
Solo de la mano de políticas diseñadas, implementadas y evaluadas por los estados y los municipios podrá ejercerse un efecto duradero en los mecanismos que detonan la inseguridad.
