Durante más de una década, el World Justice Project (WJP) ha mantenido la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo.
Desde 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país. Este índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
La cuarta edición del IEDMX (2021-2022), presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran (mismos que se desagregan en 42 subfactores). Los puntajes de la edición reflejan las perspectivas y experiencias de más de doce mil 800 personas en todo el país y de dos mil 100 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre estos temas (fuentes terciarias).
El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Al igual que en la edición anterior, ningún estado se acerca a la calificación idónea. Ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia.
Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 fueron:
- Querétaro: 0.49
- Yucatán: 0.47
- Guanajuato: 0.46
- Aguascalientes: 0.46
Esta es la primera ocasión en la que integrantes de la región Centro Bajío (Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes) se encuentran en los primeros lugares del Índice, mientras que Yucatán se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores.
Los estados con los puntajes más bajos fueron:
- Quintana Roo: 0.36
- Morelos: 0.35
- Guerrero: 0.34
Te puede interesar…
¿Qué es el Estado de Derecho?
Para el WJP: “Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”.
El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, así como disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.
Aguascalientes: mejor calificado en gobierno abierto
El Factor 3 mide el gobierno abierto, definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas, y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mide si la ciudadanía puede conocer el accionar del gobierno y si puede incidir en sus decisiones.
El factor utiliza la Métrica de Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual tiene un marco conceptual y metodológico robusto, además de una metodología transparente y pública. La Métrica de Gobierno Abierto incorpora dos aspectos fundamentales de gobierno abierto:
- 3.1 Participación ciudadana. Mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas. Aguascalientes califica con 0.42 puntos.
- 3.2 Transparencia. Mide el acceso de la ciudadanía a la información pública y a los datos abiertos, incluyendo la disponibilidad de información (transparencia proactiva) y la respuesta a solicitudes de información (transparencia reactiva). También mide qué tan factible es que las personas obtengan información pública de forma oportuna y completa. Aguascalientes califica con 0.71 puntos.
Aguascalientes: peor evaluado en Justicia penal
El Factor 8 evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. Debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas.
Una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todas las personas participantes del sistema —incluyendo policía, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades encargadas del sistema penitenciario—.
8.1 La policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz. Mide si el sistema procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, respetando el debido proceso. Incluye variables estructurales como recursos, equipo y tecnología, suficiencia de personal, formación y capacitación de personas agentes encargadas de la investigación de delitos y suficiencia en sistemas de información delictiva, así como indicadores de resultados sobre la efectividad de las investigaciones. Aguascalientes califica con 0.21 puntos (la calificación más baja de todo el ejercicio evaluatorio sobre estado de derecho de la entidad hidrocálida).
Aguascalientes junto con otros siete estados, Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Nuevo León, califican en el índice de Estado de Derecho en el rango de 0.45 a 0.49 puntos semejante al de países como Kenia 0.45 y Moldava 0.49.
Estos estados se acercan apenas a la mitad de la escala evaluatoria del WJP; lo que hace suponer que tenemos mucho por mejorar en materia de adhesión al estado de derecho para llegar al rango 0.7 a 0.9 —propio de los países mejor evaluados—.
Hacia la Agenda 2030
El Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así lo ha reconocido la comunidad internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.
Dicho objetivo busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y la meta 16.3 específicamente invita a los estados a “promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos”.
