Resulta lamentable que de nueva cuenta las reformas fiscales que prevé el Paquete Económico para el 2022 no contengan medidas reales en contra del comercio informal.
En cambio, establezcan mayores obligaciones para los empresarios que se encuentran debidamente registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En efecto, las iniciativas planteadas por el Ejecutivo Federal otra vez se olvidan de la economía informal, ya que no contemplan mecanismos reales que generen que aquellas personas que se encuentran en la informalidad contribuyan al gasto público.
De esta manera, los comentarios realizados por la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, respecto a que las reformas plantearían acciones para ordenar a los grandes evasores del sector informal de la economía, no se materializan en el Paquete Económico para 2022.
Régimen de confianza, otro intento para combatir la informalidad
De aprobarse por el Congreso de la Unión en las próximas semanas las modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, se incorporaría al sistema tributario el denominado Régimen de Confianza, el cual sustituirá el Régimen de Pequeños Contribuyentes, que reemplazó al Régimen Simplificado, sistemas que se han creado con la finalidad de afiliar al padrón de contribuyentes formales a empresarios que operan en la informalidad, objetivo que claramente no se ha cumplido.
Este nuevo régimen plantea la posibilidad de incorporar personas físicas que perciban menos de 3.5 millones pesos al año y empresas cuyos ingresos no rebasen los 35 millones de pesos anuales, mismas que tributarán con base en un sistema de flujo de efectivo; sin embargo, para el resto de las empresas, la carga administrativa se incrementa notablemente.
Más cargas para los empresarios
Así, el sector empresarial de nueva cuenta se ve afectado, pues las reformas fiscales imponen mayores requisitos para reestructuraciones corporativas para poder llevar a cabo fusiones y escisiones de sociedades sin efectos fiscales.
Por otro lado, la deducción de créditos incobrables sólo podrá tomarse cuando el contribuyente agote los procedimientos legales disponibles para solicitar el cobro de acto, es decir, el contribuyente deberá demostrar haber agotado las gestiones de cobro judiciales o arbitrales o que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.
Además, la iniciativa contempla limitar el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, pues se establece prelación en acreditamiento iniciando con los pagos provisionales hechos durante el ejercicio y luego el impuesto pagado en el extranjero, situación que la Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió de manera favorable para los contribuyentes.
En este sentido, es visible que el Paquete Económico genere mayores trabas y obligaciones para el sector empresarial que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales e incentive a que siga produciéndose actividades comerciales en la informalidad.
Derivado de lo anterior, es recomendable que se acerquen con los expertos legales en materia fiscal para estar preparados para los cambios tributarios que se implementarán el próximo año.
Artículo escrito por Luis Fernando Fausto, director del Área Fiscal y Administrativa en Vega, Guerrero & Asociados
