En una campaña lo más valioso es el tiempo. Aprovecharlo al máximo se vuelve imprescindible. Por eso, hay quienes se empeñan en distraer a sus contrincantes. ¿Cómo? Haciendo que pierdan horas en contestar demandas que muchas veces no tienen fundamentos. Guillermo Montoya, abogado electoral, nos explica esta técnica, usada con frecuencia por partidos políticos.
Lo peor que le puede pasar a un candidato es que, a mitad de su campaña, deba posponer eventos o reuniones para atender una delación hecha por algún partido contrario. Más si se trata de algo irrelevante. Reorganizar sus actividades para declarar ante un tribunal local electoral, en el mejor de los casos, no es algo que se recibe con mucho entusiasmo; sin embargo, esta situación es muy común en las jornadas electorales, comenta Guillermo Montoya Contreras.
Este abogado atiende 60 por ciento de los asuntos electorales del estado y puede decir, con toda seguridad, que de 100 por ciento de las demandas presentadas contra candidatos y partidos políticos en tiempos de elecciones, solo 5 por ciento tienen fundamentos. El 95 por ciento de ellas son un distractor para que el contrincante y su equipo pierdan tiempo en contestarlas. Además, sirven como una forma de intimidación.
Aunque los delitos electorales siempre han existido, dice Montoya Contreras, las reformas en la materia han incrementado las denuncias infundadas y permiten usar a los partidos una serie de recursos de defensa que pueden hacer valer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), consejos electorales estatales o federales.
Anteriormente, los consejos hacían de juez y parte en las delaciones, es decir, se encargaban de recabar las pruebas, llevar el procedimiento y determinar si eran procedentes o no. Después de las reformas, los tribunales electorales locales son quienes tienen la última palabra. Este proceso, además de ser rápido, brinda mayor seguridad de que todo se realice de forma imparcial.
Sin embargo, este no es el único factor que interviene en el aumento de acusaciones sin fundamentos. El desconocimiento de las leyes por parte de los políticos y sus abogados también abona a esta situación porque permite que las quejas se presenten de forma errónea.
Además de la pérdida de tiempo y recurso humano, las denuncias electorales son costosas debido a los honorarios de los abogados especialistas en la materia que, legislativamente hablando, es de las más cambiantes.
La defensa es muy importante en estos casos, dice el especialista, pues un mal desempeño puede hacer que al demandado se le caiga la candidatura. A pesar de eso, los partidos políticos y sus candidatos no invierten en profesionalizar a sus abogados.
Una estrategia para contrarrestar las acusaciones ociosas sería sancionar económicamente a quienes las hagan, aunque para lograrlo sería necesaria una reforma. Según Montoya, así se evitaría el cúmulo de quejas frívolas y se pondría atención a las que realmente perjudican las elecciones.
