Después de Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ricardo Rodríguez Vargas es el aguascalentense mejor colocado en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El economista, orgulloso egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes –como él mismo dice-, fue nombrado director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo encargado de dar destino a los bienes y empresas improductivas para el Estado.
“En lo personal, siento mucho orgullo de participar en esta administración. Es una encomienda al nivel de la que tiene un subsecretario del gobierno federal y espero retribuir la confianza, haciendo el mejor papel con mucha honestidad y eficiencia”, señala Rodríguez Vargas, maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
De su trayectoria destaca la labor que realizó en el INEGI; en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; en la dirección de Planeación, Programación, Control y Presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes; en la dirección de Mejora Presupuestaria en la Subsecretaría de Egresos de la SHCP; y en el Banco de México (Banxico).
La mano del hidrocálido, que también ha sido catedrático en diversas universidades, se ha hecho sentir en su estado natal, ya que fue ahí donde comenzaron las subastas regionales, un ejercicio nunca antes efectuado en la entidad y realizado por primera vez en enero pasado. De hecho, éste obtuvo buenos resultados al recaudar 32.7 millones de pesos por la venta de bienes muebles (automóviles y mercancía diversa) e inmuebles, así como de activos financieros, ubicados en diferentes sitios del país.
¿Cuál es la visión del nuevo gobierno para el SAE?
“La indicación que tengo es darle un giro muy importante y radical: que opere bajo la cultura de la transparencia y eficacia. El SAE parecía ser una caja oscura donde no había una plena rendición de cuentas con varios de los bienes administrados y que se convirtieron en casos muy polémicos como los ingenios azucareros y clubes deportivos, entre otros”, señala.
Como economista, ¿qué representa para ti estar en el SAE?
“Es un gran reto, porque todo lo que le llega al SAE es tóxico. La mayoría [de los bienes] tiene un problema y lo tenemos que resolver: son asuntos judiciales, pero también implican otras disciplinas”.
Al igual que otras dependencias, la instrucción para el SAE fue cero tolerancia a la corrupción y operar con austeridad. “Debemos predicar con el ejemplo; queremos un SAE libre de conflicto de intereses”, subraya.