Entre las amenazas más graves que padecen la población en los estados y municipios mexicanos están, por una parte, el aumento de la inseguridad y la violencia expresada, entre otras incidencias delictivas, en la escandalosa cifra de homicidios dolosos que todos los días reportan los informes oficiales; y, por otra, la ilusión de que todo se resolverá mediante el uso de las fuerzas armadas en un número creciente de actividades (que van desde operar bancos hasta vigilar las calles).
La evidencia disponible de los últimos quince años y la experiencia internacional indican que esa es una estrategia destinada al fracaso y que el remedio resultará mucho peor que la enfermedad. Veamos las cosas con detenimiento.
En México, existen alrededor de dos mil corporaciones que realizan siete tipos de funciones policiacas, desde las policías municipales hasta el ejército y la marina —que agrupan en conjunto a unos 400 mil elementos aproximadamente—.
Como es evidente, es imposible orientar la acción de todas ellas de una manera coordinada, transparente y eficaz, independientemente de otros problemas operativos que se presentan todo el tiempo. Basta ver el terror que se apoderó de algunas ciudades en Jalisco y Guanajuato en agosto pasado cuando los criminales quemaron 25 tiendas Oxxo, un número indeterminado de vehículos y bloquearon varias carreteras supuestamente en respuesta a un confuso operativo (uno más) del ejército para detener a un delincuente.
Este es un panorama que se ha vuelto cotidiano y cuya dimensión real no conocemos puesto que, de acuerdo con INEGI (ENVIPE 2021), apenas se denuncia el 10.1% de los delitos que se cometen.
Sin una estrategia efectiva, hay que añadir la enorme confusión en la decisión del gobierno y del legislativo de transferir la llamada Guardia Nacional a la esfera del ejército y de alargar su presencia en las calles por varios años más. La pregunta central sigue siendo la misma: ¿esa medida será eficaz para acabar o al menos reducir sustancialmente la grave inseguridad en México? Lo más probable es que no.
En varios países hay una guardia o policía nacional. En Chile, existen los Carabineros desde 1927 con una estructura de tipo militar, pero depende del Ministerio del Interior (que es una dependencia civil).
España tiene dos cuerpos al respecto: la Guardia Civil, que nació en 1844 y está ubicada dentro del Ministerio del Interior para toda su administración, como del de Defensa para aspectos de tipo militar, y la Policía Nacional, que surgió en 1824, tiene carácter civil y depende enteramente del Ministerio del Interior.
En Francia, la Gendarmería Nacional, que data del siglo 18, tiene una estructura parecida a la española. En síntesis, todas estas corporaciones tienen más de 100 o 150 años desde su fundación. Están esencialmente bajo control civil, no militar, y todos sus integrantes han pasado por un proceso de educación, entrenamiento y capacitación muy profesional.
La segunda duda es si en el caso mexicano las fuerzas armadas son competentes para solucionar el problema que dicen querer atacar. No parece ser el caso, y su gran deficiencia es que no están hechas para desempeñar tareas de seguridad pública. No lo saben hacer, no están preparadas y su lógica de operación (militar), puede llevar a excesos, violaciones y corrupción, como de hecho ha ocurrido.
Un solo ejemplo: la noche del 19 de marzo de 2010, varios soldados del ejército asesinaron a mansalva a dos estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, menores de 25 años.
En un aparente rondín que hacían los militares por una avenida de Monterrey, se toparon con los muchachos que salían por la noche de las instalaciones del campus para cenar o irse a su casa. Al ser acosados por los soldados, se asustaron y corrieron nuevamente hacia el interior del Tec, fueron perseguidos hasta allí y los asesinaron a sangre fría.
Para esconder la verdad de los hechos, el ejército dijo que el crimen había sido en el contexto de un enfrentamiento con el narcotráfico y acusaron a los estudiantes de formar parte del crimen organizado. Todo fue una mentira.
Como se comprobó después, los militares persiguieron a los estudiantes, los golpearon, les metieron varios tiros, alteraron la escena del crimen, colocaron armas de fuego encima de sus cuerpos y se robaron las cámaras de seguridad para esconder la evidencia del crimen.
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El asesinato fue producto de un montaje premeditado realizado por el Ejército y avalado por las autoridades de todos los niveles de gobierno en ese momento. Semanas después del crimen, el entonces Procurador General de la República viajó a Monterrey para entrevistarse en privado con las autoridades del Tec; llevaba dos gruesos expedientes en donde se demostraba fehacientemente que los soldados mataron a los estudiantes.
En marzo de 2019, la secretaria de Gobernación de la actual administración reconoció los hechos tal cual habían ocurrido y ofreció una disculpa a los familiares de las víctimas. Seis militares fueron identificados por la justicia como involucrados. Hasta 2021, tres de ellos estaban detenidos y al parecer procesados como presuntos homicidas, dos permanecían prófugos y el último sigue desaparecido. Antes de esto, únicamente un miembro de la SEDENA había sido juzgado por ese caso en una corte militar, que lo declaró inocente.
El tercer problema, además de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, es la probabilidad de corrupción y de impunidad. Es difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las fuerzas armadas —por que se llevan en la cerrada e insondable justicia militar—.
Una organización civil reportó que, de 2015 a 2020, se denunciaron en México casi 34 mil delitos relacionados con brutalidad policial, de los cuales solo 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en una sentencia condenatoria. Es decir, el índice de presunta impunidad es de 99.5% para los ilícitos cometidos por parte de policías o de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Incluso en casos como Carabineros de Chile, donde era inimaginable la corrupción, esta ha crecido aceleradamente. Las cifras oficiales documentan que la Fiscalía de Chile contabilizó 112 carabineros procesados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020. En cambio, CIPER, una organización de periodistas de investigación muy reconocida en ese país, revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros y encontró infiltración del narco al interior de las filas uniformadas, funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, hacen negocios con grúas y modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos, entre otras cosas.
Se calcula que la cifra real de ese tipo de conductas puede ser mucho mayor. De hecho, mientras las autoridades civiles investigaban un mega fraude al interior de la institución castrense, fue encarcelado, acusado de lavado de dinero y malversación de recursos públicos un ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el cargo más alto en las Fuerzas Armadas sólo por debajo del Ministro de Defensa. Su juicio iniciará en noviembre próximo.
Hechos como este no son aislados. Los ejemplos son numerosos y existe el serio riesgo de que aumenten, básicamente porque la misión de los militares no es realizar funciones de policía —y menos en México—. El ejército y la marina son instituciones importantes en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Lo hacen relativamente bien (con excepción de los flujos migratorios, principalmente en la frontera sur), pero otras cosas son la seguridad pública y la integridad de personas, familias y patrimonios.