La aprobación de la Ley de Amnistía aprobada el día de ayer no ha sido bien recibida por todo el público. Se critica, por una parte, la premura con la que fue aprobada, bajo el amparo de la crisis sanitaria. Por su parte, las cárceles están saturadas, lo que convierte a dichas instalaciones en zonas de riesgo para quienes se encuentran dentro.
Por otro lado, la Ley de Amnistía se aventura a beneficiar a aquellos que hayan cometido delitos menores, por ejemplo, robo leve, mujeres encarceladas por aborto, indígenas que no tuvieron un juicio ni defensa en su lengua, etc. Los beneficiarios son sólo unos cuantos; no se deja libres a quienes suponen un peligro para la sociedad. Por ahora, el propósito es claro: descongestionar las cárceles para evitar propagación de virus.
Ante esta medida, organizaciones como la ONU contra la Droga y el Delito y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aprueban la decisión tomada por el Congreso de la Unión. En primer lugar por ser una medida contra el Covid-19, así como un paso para transformar el sistema de justicia en el país.
Desde el 2019, las posturas de estas organizaciones eran en pro de esta ley, puesto que señalaban que era una oportunidad para corregir algunas de las injusticias que se han impartido por parte del Sistema Judicial Penal en México, en el que se ven afectadas personas en situación de vulnerabilidad. La justicia que se imparte a indígenas, mujeres y personas en situación de pobreza, los relega y priva de su libertad, agravando aún más su situación.
Por este motivo, tanto la UNODC y la UNO-DH están comprometidas a cooperar para que se apoye la reinserción de los presuntos liberados, puesto que la Ley de Amnistía debe ir en compañía de una serie de acciones que apoyen para cambiar el panorama de los grupos vulnerables y que se deje de condenar la pobreza, para lo cual también se necesitan nuevas políticas criminales. Reiteran la disposición de ayudar así como el apoyo a las diversas instituciones para dar seguimiento a este tipo de iniciativas que velen por un mejor país.
Antonio De Leo, representante de la UNODC en el país y Jesús Peña, representante de la ONU-DH afirman que “en el contexto de la pandemia de Covid-19 esta ley adquiere aún más relevacia, porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar.” Lo que se busca es el beneficio y apoyo a la sociedad. La crisis sanitaria ha cambiado el panorama para muchos, y ante ella, se han tenido que tomar medidas eficientes; ésta promete ser una de ellas.