Publicado el: 19 Julio, 2017

En el siglo pasado, el eminente jurista y parlamentario italiano Piero Calamandrei publicó una obra con el sugerente título de Demasiados abogados. En ella, denunciaba la “decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana” y planteaba que esta realidad era consecuencia, en alguna medida, del crecimiento de las escuelas de derecho, el consecuente aumento en el número de abogados en ejercicio y la disminución de la calidad en los programas académicos. ¿Es ésta la misma situación que se vive en México? Podría ser.

Para empezar, la matrícula en educación superior en todas las disciplinas se ha incrementado sistemáticamente desde 1950. En especial, esto sucedió en la década de los años setenta cuando, con la idea de cicatrizar las heridas del movimiento del 68, el gobierno federal impulsó la apertura de nuevas universidades (entre ellas, la UAA), con el fin, se decía, de abrir oportunidades a los jóvenes.

Gracias a ello, a la capacidad fiscal del Estado y al mayor gasto de las familias en la educación de sus hijos, el número de estudiantes ha crecido en 145 veces en las últimas seis décadas. Hay más de 4 millones de estudiantes en las instituciones de educación superior, tanto en modalidad escolarizada como en programas en línea, y existen en México poco más de 4,000 universidades.

Esa expansión fue mucho más acentuada en determinados campos del conocimiento, como las humanidades o las ciencias sociales y administrativas. Por supuesto, algunas carreras de esas áreas crecieron más, como el Derecho, lo cual se dio, entre otras cosas, porque su impartición es mucho más sencilla –bastan profesores, aulas y libros– que las de otras disciplinas, como las ingenierías o la medicina que requieren talleres, laboratorios, campos clínicos, etcétera. Y hay más todavía: al menos hasta hace muy pocos años, los niveles salariales de los abogados, contadores y administradores de empresas recién egresados eran ligeramente mayores que el de otras profesiones, de modo que, desde este punto de vista, la elección de esas carreras habría sido económicamente racional. Además, su ejercicio es de bajo costo; de hecho, hay profesionales del derecho en la Ciudad de México que ejercen en su auto a las afueras de los tribunales.

La consecuencia es que, como la educación es un mercado imperfecto, en el cual las regulaciones son todavía ineficientes y muy dispersas entre distintos niveles de autoridad, y que presenta serias asimetrías de información, la ley de la oferta y la demanda produjo una egresión desordenada de abogados con los efectos sociales, profesionales y académicos que cualquiera pueda imaginarse. Veamos los números.

El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, un organismo privado, ha contabilizado que en 2013 había 1,608 instituciones públicas y privadas que ofrecían la Licenciatura en Derecho, y ahora son 1,770 en el ciclo escolar 2016-2017. Desde 1991 se ha abierto, en promedio, un programa de licenciatura por semana y los rangos de escuelas de derecho por entidad van de 207 en el Estado de México a 21 en Aguascalientes o 12 en Campeche.

Ese enorme crecimiento ha provocado un deterioro académico y profesional de los abogados (con sus excepciones, claro) y un servicio que probablemente dista de los estándares de calidad deseables.

¿Demasiados abogados? Pues sí.