En septiembre del 2021 el Poder Ejecutivo presentó una Iniciativa de Reforma Constitucional para el Sector Eléctrico. Gracias a esta se planean reformar los artículos 15, 27 y 28 de la Constitución Política del país. Este 4 de abril la Reforma Eléctrica avanzó en la Cámara de Diputados con 17 votos a favor y 14 en contra.
Durante la sesión los diputados del PRI, el PRD y el PAN se manifestaron en contra, mientras que los funcionarios del PT, PVEM y Morena estuvieron a favor. ¿Por qué existe una división alrededor de esta reforma? Te lo explicamos en 7 puntos:
Cambios a los contratos con empresas
En México hay diferentes productores de energía. La CFE produce actualmente 38% de la energía del país, mientras que el 62% restante es abastecido por los Productores Independientes de Energía (PIE) y las empresas privadas.
Las empresas privadas tienen permitido generar electricidad en el país y venderla a la CFE o terceros. Por otro lado los PIE tienen una licitación para generar una cantidad de energía eléctrica constante y sólo venderla a la CFE durante 25 años.
Estos contratos se generaron a partir de 1990 y gracias a la Reforma del 2013 esto implica que el país está vinculado legalmente con estas empresas por un período mayor a 20 años para que los productores privados e independientes vendan su energía a la CFE.
Además de esto también se le permite a las empresas autoabastecerse de electricidad. Esto significa que diversas empresas a lo largo del país tienen la posibilidad de instalar sus propias plantas eléctricas, en su mayoría de energías limpias, y usarlas para abastecer de energía a sus empresas. Y para hacerlo pagan una tarifa preferencial.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone en su iniciativa cancelar estos contratos con las empresas que venden energía a la CFE, así como prohibir el autoabastecimiento de energía en las empresas. El Presidente argumenta que esto es con el objetivo de frenar el monopolio de los inversionistas privados.
En la iniciativa también se tiene contemplado nacionalizar el litio del país, evitando que empresas extranjeras puedan acceder a él.
Mayor poder de la CFE
La CFE actualmente abastece menos de la mitad de la energía del país, pero con la Reforma planea aumentar su producción hasta el 54%, con el fin de “defender la soberanía energética”.
Por el momento las empresas privadas y las PIE son las que cuentan con mayor cantidad de plantas de energías limpias, mientras que la CFE produce la mayor parte de su energía de los combustibles fósiles. Si bien el presidente ha dicho que planean mejorar las plantas de energía hidráulica aún no se ha comenzado con las modificaciones.
Por el momento la CFE tiene precios más altos al consumidor sobre todo porque las plantas son más antiguas menos eficientes lo que incide en los costos de producción. Esto implicaría además que si por ahora las plantas sólo producen el 38% de la electricidad deberán modernizarse para poder abastecer a la población y para mantener o reducir sus costos actuales.
CFE como regulador y la Orden de Despacho
Actualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el organismo regulador, externo a la CFE que le otorga permisos a la Comisión y a las otras plantas para generar energía. Sin embargo, con la nueva Reforma Eléctrica, la CFE tomaría el control para asignar costos a la electricidad y fijar el orden de despacho.
Así, la CFE será la encargada de decidir qué electricidad se subirá a la red de transmisión de la Comisión y decidirá a quién se le compra y vende energía. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sería reincorporado a la CFE y ya no habría un árbitro imparcial para el orden de despacho.
El Poder Ejecutivo mencionó que de esta manera se despachará la electricidad tomando en consideración un “orden de mérito”, que aunque ambiguo, busca priorizar el mercado público nacional.
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Energías que se promoverán
Debido a que la CFE cuenta en su mayoría con plantas que generan energía mediante los combustibles fósiles este será el medio más utilizado por la Comisión. Sin embargo, las plantas hidroeléctricas también serán utilizadas según el modelo que propone el presidente.
Las empresas privadas y las PIE son las que cuentan con mayor número de plantas solares y eólicas en el país, por lo que estas energías limpias quedarían relegadas al tercer lugar.
¿Cómo beneficia al país?
El Presidente ha ideado esta Reforma buscando incentivar el mercado nacional y a la Comisión Federal de Electricidad. Para hacerlo busca desplazar el “monopolio” de las empresas extranjeras y evitar que las empresas que se autoabastecen evadan impuestos.
A la larga el objetivo también es robustecer el sistema eléctrico nacional para que la Comisión pueda invertir en energías limpias. Incluso se ha planteado la construcción de una planta de energía solar en el desierto de Sonora, aunque aún no se tienen planes concretos.
¿Y cómo nos perjudica la Reforma Eléctrica?
Los expertos que han hablado sobre el tema han concluido que la Reforma Eléctrica que plantea AMLO perjudica al país de tres maneras. En primer lugar, la cancelación de contratos con plantas independientes y privadas generará costos por indemnización. Sin mencionar que las empresas que se autoabastecen de energía sufrirán consecuencias por la cancelación de sus plantas de energía.
En segundo plano, la monopolización del mercado por parte de la CFE generará un aumento en los precios de la electricidad pues son las empresas externas quienes tienen mejores plantas. Así mismo la Orden de Despacho no se tomará en cuenta quién oferta la electricidad a mejor precio por lo que es probable que los precios de consumo se eleven.
Y, en tercer lugar, la eliminación de las principales plantas de energías limpias en el país implicaría un aumento en la contaminación, pues si bien se tiene contemplado el uso de energía hidráulica, esta funciona en factor del agua (recurso escaso), y no se tienen planes concretos para la energía limpia. Lo que generaría un aumento de la energía generada por combustibles fósiles.
Finalmente es importante mencionar que esta Reforma aún debe pasar por el Senado para ser aprobada y posteriormente por el poder Ejecutivo nuevamente antes de ser puesta en práctica.
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