Querétaro se ubica en el cuarto lugar en el Índice de Estado de Derecho 2020-2021 publicado por World Justice Project (WJP), al obtener un puntaje de 0.44 en una escala de 0.0 a 1. Donde 1 representa una mayor adhesión al Estado de Derecho.
El primer lugar de este ranking lo obtuvo Yucatán (0.47), seguido de Coahuila (0.45) y Campeche (0.44), en contraste los estados de Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) y Morelos (0.36) ocupan las últimas posiciones.
El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos.
La forma en la que se mide el impacto en la vida cotidiana de las personas es mediante una serie de indicadores, tomando en cuenta cuatro principios universales: Rendición de cuentas, Leyes Justas, Proceso Justo y Mecanismos Accesibles e imparciales para resolver disputas.
Los puntajes obtenidos en estos factores, son el reflejo de las experiencias y percepciones de más de 25 mil personas en todo el país, al recabar información de primera mano a través de encuestas con más de 600 variables. Por otro lado, se encuestaron a más de 2 mil 300 especialistas en las materias analizadas.
De acuerdo con la publicación de este estudio, el Índice tiene el objetivo de ser una herramienta para los gobiernos, que sirva para identificar fortalezas y debilidades y así fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
Por lo anterior, WJP realiza la evaluación al tomar en cuenta los siguientes ocho factores:
- Límites al poder gubernamental
- Ausencia de corrupción
- Gobierno abierto
- Derechos fundamentales
- Orden y seguridad
- Cumplimiento regulatorio
- Justicia civil
- Justicia penal
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Querétaro asciende una posición
En esta edición el estado de Querétaro asciende al lugar número cuatro con respecto a la edición anterior, con un cambio de puntaje de 0.01.
Sin embargo, encabezó la lista en los rubros de Ausencia de Corrupción y Justicia Penal, el tercer lugar en Cumplimiento Regulatorio y la posición número cinco en Límites al Poder Gubernamental.
Es importante destacar que en esta edición el Índice permite identificar y cuantificar los primeros efectos locales en el Estado de Derecho que fueron ocasionados por el COVID-19.
“Los resultados del Índice muestran una radiografía de la situación en la que las nuevas autoridades recibirán sus respectivas entidades en materia de Estado de Derecho. No sólo es posible sino altamente deseable que los nuevos Planes y Programas Estatales de Desarrollo identifiquen, con base en evidencia, sus prioridades de política pública.” mencionó Alejandro González Arreola, Director de Proyectos de Estado de Derecho.