Por Ernesto Núñez Albarrán
Twitter: @chamanesco
Basta leer con detenimiento la pregunta de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto para darse cuenta de lo estéril de un ejercicio que costará más de 500 millones de pesos del erario.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Eso es lo que se nos preguntará en una papeleta con dos respuestas posibles (Sí o No), pero con sólo una obvia, lógica y razonable contestación.
¿O alguien respondería No a eso?
La pregunta es tan obvia que, a diferencia de lo que pasa en consultas y plebiscitos importantes en otras partes del mundo, en este caso no hay una sola persona haciendo campaña en favor del No.
El problema principal es que esta Consulta no es la prometida consulta para enjuiciar a expresidentes.
Por más que Morena y el gobierno federal insistan en llamarnos a votar para que se haga justicia por las tropelías cometidas por el club de los expresidentes, la consulta no conduce a eso.
Es más, la pregunta como fue formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desemboca en una obviedad: la obligación constitucional de cualquier gobierno (no sólo el de la 4T) de perseguir posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.
¿Vamos a someter a consulta popular la aplicación de las leyes? La respuesta es sí.
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¿Pudo Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de ajustar cuentas con el pasado y acabar con la impunidad de sus odiados predecesores, desde Salinas hasta Peña Nieto?
La respuesta es, nuevamente, sí: pudo hacerlo desde el día uno de su administración, si hubiera tenido pruebas y voluntad de hacerlo.
Aunque se parecen, la pregunta que encontraremos en las 57 mil Mesas Receptoras de Votación que instalará el Instituto Nacional Electoral el 1 de agosto es muy distinta a la que habían propuesto originalmente el presidente y más de 2 millones de ciudadanos que promovieron una consulta para enjuiciar a los expresidentes.
Dicha pregunta decía, a la letra:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Pero como esa pregunta violaba el derecho de presunción de inocencia de los mencionados, fue rechazada por la SCJN, que tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de aquellos temas que pueden ser sometidos a Consulta Popular.
Así, los ministros se negaron a avalar una consulta que López Obrador había prometido durante su campaña de 2018. Pero como la Corte de Arturo Zaldívar no suele atreverse a contradecir al presidente, decidió revisar la redacción de la pregunta, modificarla para poder validar la Consulta y proponer ese galimatías al que se enfrentarán los votantes dentro de unos días.
Una pregunta binaria, tan compleja y rebuscada, que bien merecería una tercera respuesta posible: “¿me puede repetir la pregunta?”.
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Pese a todo, la Consulta Popular se llevará a cabo. Y por primera vez en la historia, se realizará bajo los parámetros de calidad técnica, legalidad y certeza que el INE imprime a los procesos electorales.
Es decir, ésta no será una “consulta patito”, como la que promovió López Obrador siendo presidente electo para justificar la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco (un millón de participantes, con mil centros de votación, en octubre de 2018). O como la que avaló la construcción del Tren Maya, levantada en cuatro estados en diciembre de 2019, con la participación de apenas 100 mil personas en 270 casillas.
Esta vez, como lo ordenan la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, el INE posibilitará la participación de todos los ciudadanos en edad de votar. Para ello instalará más de 57 mil Mesas Receptoras (en promedio, 190 en cada uno de los 300 distritos electorales del país) e imprimirá las 93.5 millones de boletas requeridas en caso de que quisiera participar el 100% de la Lista Nominal de Electores.
Las boletas se imprimieron con medidas de seguridad suficientes y la garantía de ser producidas en Talleres Gráficos de México.
Más de 280 mil ciudadanas y ciudadanos –que ya el 6 de junio participaron en las elecciones federales y locales– serán los funcionarios de Mesas Receptoras.
Habrá cómputos distritales en las 300 Juntas del INE, para revisar los paquetes contados y armados en cada una de las casillas, y eventualmente aclarar dudas sobre la votación.
Los cómputos iniciarán la misma noche del domingo para que haya resultados oficiales a más tardar el martes 3 de agosto. Adicionalmente, se desarrollará un ejercicio de Conteo Rápido para que la misma noche de la consulta el INE pueda dar a conocer tendencias sobre la participación ciudadana.
Es decir: aunque la pregunta motivo de consulta es absurda, la autoridad electoral está obligada a desplegar toda su capacidad institucional y logística para hacer posible el ejercicio. Y así parece que lo está haciendo.
Ello implica, también, hacer la promoción respectiva en los tiempos oficiales del Estado con los que cuenta el INE. Esto, a partir del 15 de julio, fecha en la que entró en vigor la convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión.
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La Consulta Popular, según se establece en el artículo 35 de la Constitución, requiere de la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores —equivalente a alrededor de 37.4 millones de votantes— para ser vinculatoria. Es decir, para tener efectos legales y hacer obligatorio el mandato derivado de la consulta.
Desde ahora, puede anticiparse que será difícil que la Consulta Popular convoque a esos 37 millones.
El pasado 6 de junio votaron 49.1 millones de personas en comicios en los que estaba en juego el poder local y la representación popular en la Cámara de Diputados. Morena, partido del presidente y único promotor activo de la Consulta, obtuvo 16.7 millones de votos (menos de la mitad de los que se requieren), por lo que se ve difícil que logre una movilización suficiente para llegar a la meta.
Aun así, será interesante ver qué dice el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del lunes 2 de agosto, cuando indudablemente gane el Sí, pero sin los votos necesarios para hacer vinculante la Consulta.
Finalmente, enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña seguirá dependiendo de una sola persona: él, quien como titular del Ejecutivo podría promover las acciones legales en ese sentido.
Por cierto, el presidente ha dicho durante todo su mandato que no lo hará, que no actuará contra sus antecesores, porque lo suyo “no es la venganza”.
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Así las cosas, la Consulta Popular que él prometió, promovió y alentó, será un bonito ejercicio que nos llevará a las urnas nuevamente. Un domingo electoral de esos a los que nos gusta llamar “fiesta democrática”.