Hasta antes de la pandemia, en la última década, Aguascalientes registró el mayor crecimiento económico de todo el país, -por encima de Durango, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, o de otras entidades incluso de mayor tamaño-. A ese progreso, detonado principalmente por el sector industrial, comercial y de servicios, han contribuido las condiciones de estabilidad, certidumbre, cohesión social, educación y urbanización, entre otras, que han facilitado el florecimiento de la iniciativa comunitaria y privada.
Pero una de las características de progresos de este tipo es que dichas condiciones se vuelven relativas en la medida en que la inversión exige pasar a otros niveles más calificados y sofisticados; por ejemplo, de infraestructura, formación de talento, transparencia y eficiencia de los servicios públicos. En consecuencia, si en los próximos años algunos municipios de Aguascalientes, en especial la capital del estado, quieren seguir siendo razonablemente competitivos tendrán que elevar los estándares de rigor y calidad en todos sus procesos regulatorios.
Veamos tres historias reales ocurridas en diversos momentos. Una es la de un restaurante muy bien montado que, tras meses de estar abiertos al público y cumplir todos los requisitos, no podía servir bebidas alcohólicas porque el municipio no le daba el permiso correspondiente (a menos que, según cuentan sus propietarios, diera un soborno).
La segunda -por cierto, cerca del local anterior- fue la de una antigua casa habitación transformada en pequeñas áreas comerciales que no lograba iniciar operaciones porque las divisiones entre unas y otras no eran de un determinado material. Sin embargo, podía “arreglarse”, a cambio de cierta cantidad.
La tercera fue la de un desarrollador inmobiliario que tuvo que dar algo así como 400 mil pesos en efectivo a los inspectores municipales para que le permitieran acondicionar la azotea del edificio que estaban construyendo.
Más allá de la gravedad ética y legal así como lo ofensivo de estos casos, esto probablemente pasa porque los entramados reglamentarios -el coyotaje de funcionarios mayores, medianos y menores, la intervención de los regidores o la valoración de los requisitos técnicos- son de tal manera laberínticos, imprecisos, obsoletos o interpretables que el último recurso que le queda al particular es entrar al circuito de la corrupción.
Esto, por supuesto, no debe ni puede tolerarse. Pero, sobre todo, hace un daño enorme al crecimiento y a la competitividad de cualquier estado y ciudad. Impedirlo tiene que estar en el primerísimo lugar de la agenda de los futuros alcaldes. ¿Por dónde empezar?
En primer lugar, según encuestas de KPMG, el 33% de los sobornos y actos de corrupción en México ocurren en los gobiernos municipales. De estos, el 75% es para obtener o agilizar trámites, permisos y licencias de todo tipo. Ocurren porque existen literalmente miles de normas, leyes, reglamentos, decretos, circulares, etc., -muchas de ellas de imposible cumplimiento, inventadas por burócratas para estimular, precisamente, la obtención de una contraprestación por parte del ciudadano-. Y estas, automáticamente, se convierten en incentivos muy potentes para la corrupción.
Bajo una concepción liberal, es extraordinariamente urgente e indispensable hacer una revisión o, mejor dicho, una reducción de regulaciones que ate las manos del funcionario y facilite la vida de quienes invierten en una actividad o negocio.
Más aún: es comprobable que muchos de los encargados de, supuestamente, hacer que se cumpla la ley, no tiene la menor idea de la materia -comercio, desarrollo urbano, construcción, sobre todo-. Están allí por una recomendación, por un favor político o por inercia.
El segundo avance tiene que darse en el aspecto digital. Buena parte de los problemas de corrupción se dan porque los municipios trabajan con sistemas tecnológicos y de recursos humanos obsoletos, carentes de capacitación y excesivamente verticales en donde la intervención humana (léase: el funcionario) tiene el poder de la firma.
Si los municipios introducen una verdadera política de gobierno electrónico, bajo un esquema de regulaciones claras, sencillas y eficientes, se avanzaría hacia la “despersonalización” de los trámites y se mitigarían los riesgos de corrupción, que hoy son muy elevados.
Hay prácticas en otros países (Chile o Singapur) que han probado su eficacia no sólo para asegurar la transparencia sino, más importante aún, para hacer crecer la economía y los empleos.
Hace varios años, por ejemplo, Chile construyó un sistema digital centralizado para gestionar todas las compras públicas. La instalación del sistema costó 108 millones de dólares. Su objetivo era elevar la transparencia en las adquisiciones del Estado así como generar eficiencias y ahorros a través de licitaciones que obligaran a las empresas a competir. En sus primeros once años, produjo ahorros efectivos por casi 4 mil millones de dólares.
Y el tercer componente, muy asociado con el anterior, es “despolitizar” la ruta de toma de decisiones dentro de los cabildos y en sus relaciones con los alcaldes. Hasta ahora, y por razones estrictamente políticas, la relación entre alcaldes y regidores se ha basado en los arreglos partidistas, el pago de facturas heredadas de las campañas o, de plano, el reparto de dinero.
Distintas fuentes han aportado información en el sentido de que, por un lado, la asignación presupuestal para cada uno de los regidores ha crecido de manera desproporcionada; la mayor parte de esos recursos, que son públicos, van a parar a gastos privados -es decir, fines muy distintos de las atribuciones de los regidores-.
Se debe entonces:
- Disminuir dichas asignaciones.
- Acotar los fines para las que pueden ser utilizadas.
- Auditar los gastos ejercidos.
- Darle a ese proceso la máxima publicidad.
De otra forma, los alcaldes se verán sujetos nuevamente a la extorsión por parte de los regidores.
Diversas experiencias indican que enfocar el combate a la corrupción exclusivamente por el lado punitivo es insuficiente; resulta estéril e introduce, de paso, grados relevantes de parálisis en el funcionamiento de la administración. Es necesario, desde luego, pero insuficiente.
La fuente más corrosiva de la ilegalidad en su vertiente económica -es decir, en la distracción de recursos públicos, la asignación ilegal de contratos, el otorgamiento de concesiones para operación de servicios públicos y compras gubernamentales, o la aplicación de los reglamentos en permisos y licencias- reside sobre todo en una arquitectura regulatoria, administrativa e institucional excesiva e ineficiente; en la falta de profesionalización de los cuadros que toman las decisiones públicas en esas materias; en procesos opacos y mal diseñados. Todo esto, en conjunto, crea fuertes incentivos para la discrecionalidad y para saltarse la ley.
Aguascalientes necesita más crecimiento, sí, pero también más transparencia y más eficiencia.