En sesión ordinaria de la Comisión de Servidores Públicos de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, se avaló un dictamen para establecer la prohibición de la discriminación en el ámbito del servicio público como obligación del Estado.
El dictamen en cuestión propone reformar al artículo 57 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados; propuesto por la presidenta del órgano legislativo al que se hace referencia, Karola Macías.
“La discriminación en el empleo resta oportunidades a las personas y priva a la sociedad de lo que esas personas pueden y deberían aportar, es nuestro deber contribuir a un espacio laboral justo, equitativo y libre, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa prevalece la dignidad humana y el trato igualitario” puntualizó la promotora de la iniciativa
¿Qué establece la reforma?
Artículo Único. – Se reforma la fracción X, y se adiciona la fracción XIII al artículo 57 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, para quedar como sigue:
XIII.- No discriminar a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, para el ingreso, permanencia, relación laboral o ascenso de los trabajadores.
Esta aprobación marca un hito significativo en la lucha contra la discriminación dentro del servicio público en Aguascalientes, reflejando el compromiso de la legislatura local para garantizar un entorno laboral inclusivo y respetuoso. La reforma al Estatuto Jurídico representa un avance importante hacia la eliminación de barreras discriminativas en el ámbito laboral, asegurando que todos los trabajadores sean valorados y juzgados únicamente por sus habilidades y contribuciones. Este esfuerzo legislativo no solo promueve la igualdad de oportunidades para todos, sino que también fortalece los principios de justicia social y dignidad humana en la administración pública, sentando un precedente valioso para otras entidades federativas en México.
Una vez que se avaló el dictamen, se turnó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para continuar su trámite correspondiente. A esta sesión también asistieron la diputada Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas y el legislador José de Jesús Altamira Acosta.