Escrito por Genaro Borrego Estrada
La Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada al Congreso de la Unión, por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con carácter de preferente, y que ya fue aprobada en sus términos ,“sin cambiarle ni una coma”-como el propio Presidente lo había previamente pronosticado- tiene una inspiración meramente ideológica sin considerar las consecuencias de su aplicación en la ecología y en la economía , en perjuicio del “pueblo”, que tanto se invoca como invariable beneficiario de todas las decisiones gubernamentales, y del medio ambiente y por tanto de la naturaleza, con indiscutible impacto global. Seguramente también tendrá una relevante consecuencia en la diplomacia mexicana ante nuestros socios internacionales y la comunidad política mundial.
Es evidente que el pensamiento -y quizá también la emoción- que está atrás de su contenido es el concepto de que el Estado es el único que puede y debe proporcionar directamente los servicios indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Es la idea del Estado monopólico y no el Estado rector; así como la convicción dogmática de que invariablemente la actividad privada es especulativa y contraria al interés nacional. Subyace en este concepto una descalificación generalizada a la actividad empresarial y por tanto un desincentivo a la inversión privada y también a mi juicio un concepto erróneo del servicio público.
No cabe en esta manera de pensar la posibilidad de que el Estado sea rector y regulador de todo el desempeño económico de los particulares, lo que prevalece es la obsesión de asignarle un papel centralizador y excluyente de la iniciativa de los particulares, la cuál bien podría ser incentivada y regulada con leyes y reglamentos adecuados a fin de garantizar que prevalezca el interés general y sea compatible con los legítimos propósitos de generar valor económico simultáneamente a la generación de valor social.
Dicha noción centralizadora estatista tuvo su influencia en la ideología socialista de principios del siglo XX, la cuál permeó en nuestro país en la época de la guerra fría , es decir, en un tiempo completamente diferente al que hoy día vivimos. Tanto en México como en los países donde fue puesta en práctica acabó generando pobreza, atraso y crisis económicas y sociales.
A la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo se globalizó y al mismo tiempo esa ideología se desmoronó. Ese cambio histórico propició, casi obligadamente a los países, a la apertura y la competitividad global, y por ende a redefinir y actualizar el papel del Estado como promotor y rector del desarrollo. Todos lo han hecho a excepción de Cuba. Incluso China que mantiene un régimen comunista se abrió incentivando la iniciativa e innovación privada lo cuál ha sido clave para alcanzar el progreso que hoy tiene, es decir, la supremacía mundial disputada sólo por los Estados Unidos de Norteamérica.
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La ideología estatista centralizadora está históricamente descalificada por fallida y anacrónica. No cabe en los tiempos actuales -en ningún gobierno- pretender ponerla en práctica a riesgo de propiciar lo que ya hemos experimentado en el pasado; retraso, más pobreza y crisis. Es por tanto inexplicable que en México se estén dando esos pasos hacia atrás en actividades estratégicas como es la industria eléctrica, bajo el argumento de que se trata de un servicio público, cuando en México ya hemos adoptado una definición de lo que dicho servicio significa.
Servicio público, ciertamente, es aquel que el Estado está obligado a proporcionar y a garantizar para toda la población, pero que los particulares NO están necesaria e irremediablemente obligados a recibir y aceptar. Me explico: el Estado tiene la obligación de proporcionar el servicio público de la educación, pero a nadie se puede prohibir que acuda al servicio de particulares. Lo mismo ocurre con la salud; a nadie se le puede impedir atenderse con un médico particular si así lo desea o atenderse en un hospital privado, aunque también se trate de un servicio público.
En el caso de la electricidad debería ser lo mismo, tratándose de la generación y la comercialización a los hogares y usuarios en general. Es verdad que las fases de transmisión y distribución de la energía son de suyo un monopolio natural, ya que no es conveniente ni posible que existan varias redes, por lo cuál esas etapas de la cadena de valor, SI deben ser exclusivas del Estado. Es decir; la generación de energía y su comercialización NO necesariamente deben ser exclusivas del Estado, en cambio la transmisión por alta tensión y la distribución SI deben serlo. Es indispensable hacer esta diferenciación la cuál la Ley en comento no hace. Monopoliza todo el proceso lo cuál será claramente en perjuicio de la ecología y la economía y por ende de la población.
La tendencia mundial en cuanto a la generación de electricidad es que sea por medios sustentables es decir, a través de procesos que no dañen el medio ambiente; que no se emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cuál está propiciando un gravísimo cambio climático de consecuencias terribles- no exagero- para la humanidad en el mediano plazo; y que no se utilicen combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo, que tanto perjuicio causan a la salud y a la naturaleza. Esta forma de generación limpia la practican fundamentalmente los particulares. En el caso de México, la Comisión Federal de Electricidad, solamente genera de esa manera a través de hidroeléctricas, en un porcentaje menor a la que genera o puede generar a través de termoeléctricas que utilizan carbón y/o combustóleo.
Al establecer en la ley que se comenta disposiciones que de hecho prohíben o desincentivan la generación privada por medio de tecnologías modernas como la solar y la eólica y privilegiar la que produce la CFE, se están menospreciando los daños que ello provoca, lo cuál es de una enorme irresponsabilidad que además provocará una reacción internacional en contra de México y su gobierno que con estas medidas tan absurdas contraviene a un esfuerzo y compromiso de la comunidad de países e incluso viola e incumple obligaciones establecidas en tratados internacionales vigentes en México, especialmente el T-MEC de reciente suscripción con Estados Unidos y Canadá.
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Por otra parte, al desplazar a los particulares y cancelar la posibilidad de competencia entre ellos se está induciendo un alza que será inevitable en los costos, lo cuál redundará en alza de tarifas y por tanto elevación de los precios de los bienes y servicios o aumento de subsidios gubernamentales que significarán presiones adicionales muy fuertes a las finanzas públicas ya de por sí muy comprometidas. Las consecuencias de ello ya las conocemos tristemente los mexicanos por las recurrentes crisis económicas que hemos padecido.
La obsesión ideológica como la que ha motivado esta nueva legislación, la cuál mira al pasado y está ciega al presente y al futuro del mundo, será altamente perjudicial a la naturaleza, a la ecología, a la economía y por lo tanto a la gente, lamentablemente a la que menos tiene. Las ideologías dogmáticas y acríticas que desprecian la realidad y descalifican sistemáticamente las opiniones distintas como es el caso, acaban muy mal. Deseo sinceramente equivocarme.