En los últimos años, se han efectuado numerosos cambios a la legislación laboral vigente en nuestro país.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), diversas reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, entre las que destacan el hecho de que la justicia laboral quedará a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Además, se impone la obligatoriedad de acudir a una instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales.
El 1° de mayo de 2019 también se publicaron, en el mismo DOF, otras modificaciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, a legislaciones como:
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Ley Federal de la Defensoría Pública
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
- Ley del Seguro Social
Como parte de los citados cambios se establecieron una serie de obligaciones y plazos para llevar a cabo su instrumentación en forma gradual. De tal modo, las instituciones involucradas tendrían el tiempo suficiente para implementar la reforma laboral de manera exitosa.
Una de las novedades más notables será la puesta en marcha de los Juzgados Laborales, que estarán a cargo del Poder Judicial, mismos que sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje —que eran responsabilidad del Poder Ejecutivo—.
En el caso específico de Aguascalientes, se preveía que, a partir del 1 de octubre, entraran en funcionamiento los dos juzgados laborales y los tres centros de conciliación proyectados (dependientes del gobierno estatal).
No obstante, el 21 de septiembre pasado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral se postergaría al 3 de noviembre en los trece estados donde estaba planeado (incluido el nuestro).
Pedimos voto de confianza: Poder Judicial de Aguascalientes
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Gabriela Espinosa Castorena, destaca que, en lo que respecta al Poder Judicial, han efectuado los procedimientos necesarios para poner en marcha los dos juzgados laborales. Estos estarán ubicados en avenida de la Convención Norte #111 — y cubrirán asuntos individuales, colectivos y de ejecución—.
Cada juzgado contará con una sala de audiencias orales, tendrá juez o jueza y tres secretarias o secretarios instructores. Además, tendrá áreas de actuaría, informática, administración y una coordinación de peritos.
Sobre los procesos de selección de jueces y secretarios, labor a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado, se tenía previsto que concluyeran el 24 de septiembre —con el compromiso de elegir a los que resultaran mejor evaluados y con los mejores perfiles—.
“En materia de justicia laboral lo más importante es la conciliación para la solución de los conflictos. Se propone un modelo en el que rijan como principios la mediación, la inmediatez, la continuidad, la celeridad y la veracidad. De hecho, la oralidad será una de las principales características de los nuevos juicios, lo que dará mucha transparencia”, considera la magistrada.
Asimismo, tras destacar la capacitación que se ha brindado sobre el tema a todos los interesados, Espinosa Castorena refiere que un reto planteado es instrumentar el expediente electrónico. Para ello, han visitado el Estado de México, donde ya operan los juzgados laborales desde el año pasado.
“Estamos viendo la posibilidad de privilegiar al máximo la cuestión electrónica, que todo sea digital. El problema es que no tenemos todavía una firma electrónica, pero estamos trabajando en ese tema. La idea es mejorar lo que ya tenemos e instrumentarlo en la materia laboral, tomando en cuenta lo que establece la propia ley”, remarca.
Añade que la federación les otorgó un subsidio de 15.4 millones de pesos que se está utilizando para la adquisición de equipo y mobiliario, así como para capacitación.
“Yo les pediría un voto para el Poder Judicial, ahora que vamos a conocer de esta materia. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para brindar un servicio de calidad, en aras de resolver todo lo que no puede solucionarse en el Centro de Conciliación”, recalca.
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Que haya personal con experiencia: COPARMEX Aguascalientes
El presidente de la Comisión Laboral de la COPARMEX en Aguascalientes, Juventino Romero de la Torre, destaca que, antes de que los juicios lleguen a los tribunales laborales, tienen que pasar por una etapa de conciliación obligatoria.
Esta tendrá lugar en el Centro de Conciliación, ya sea estatal o federal, dependiendo de la empresa. La pretensión es que las personas que laboren en estos centros hagan lo necesario para que los trabajadores lleguen a un acuerdo con los representantes de los consorcios y, de esta manera, se evite llegar a la instancia judicial.
“Si las partes no llegan a un arreglo económico en el Centro de Conciliación, se les dará una constancia de que no hubo conciliación. Consecuentemente, el trabajador podrá interponer su demanda ante el tribunal laboral […] Creo que lo primordial de la reforma es el tema de la conciliación”, comenta.
A este respecto, refirió que la expectativa es que los juzgados funcionen adecuadamente, que cuenten con instalaciones dignas y que las personas que sean elegidas para ostentar los diferentes cargos tengan los conocimientos necesarios en materia laboral —no solamente teóricos, sino también prácticos—.
“Que haya gente preparada que conozca y que tenga experiencia, no queremos a una persona que tenga mucha experiencia académica pero que no tenga práctica”, acota. A su vez, pondera la importancia de que también el rubro de conciliación cuente con el personal idóneo.
Privilegiar la conciliación: Oziel Guerrero
En tanto, el fundador del despacho Vega Guerrero y Asociados, Oziel Guerrero de Anda, coincide en que esta reforma busca que la mayoría de los conflictos laborales se agoten en la etapa conciliatoria (y no lleguen al tribunal laboral). Lo anterior reportará importantes beneficios; entre ellos, que los asuntos se resuelvan en menos tiempo.
“Hoy en día tenemos juicios largos. Con la nueva reforma tendremos asuntos mucho más cortos, que incluso no van a llegar a ser un juicio; es decir, se podrán agotar en la etapa conciliatoria. Hacia allá va la apuesta principal de la reforma”, resalta. Además, enfatiza que la conciliación deberá tener una duración máxima de 45 días —según lo previsto en la ley—.
A este respecto, considera importante que el Centro de Conciliación tenga personal apto para realmente conciliar y que esta no sea una etapa que tenga que agotarse (para posteriormente ir a demandar al Poder Judicial): “porque si nos pasa esto vamos a caer en los mismos vicios que tenemos en el sistema actual que nos rige. Vamos a tener juzgados laborales totalmente saturados, asuntos que se llevan por volumen y que no se les da la importancia debida”.
“La justicia laboral requiere de personas que ayuden a que se resuelvan los conflictos y que las empresas puedan seguir generando economía, y que el estado pueda seguir siendo un polo de atracción de inversión. Esto se logrará si mantenemos la paz laboral”, subraya.
El abogado considera necesario que se difundan extensamente los cambios que habrá en materia laboral; desde su perspectiva, son los más importantes que se han dado, incluso desde la promulgación de la Constitución Política.