Por Pablo Igartúa Méndez Padilla, colaborador en Allenza
La globalización ha transformado el panorama económico mundial, impulsando a los países a buscar oportunidades de inversión y desarrollo más allá de sus fronteras. México, como nación en desarrollo, ha adoptado una postura proactiva hacia la inversión extranjera como medio para fortalecer su economía y fomentar el crecimiento sostenible. En este contexto, la Ley de Inversiones Extranjeras en México juega un papel crucial al establecer el marco legal que regula y facilita la participación de capitales foráneos en el país
La “Ley de Inversión Extranjera” (en adelante la Ley) es el ordenamiento que tiene por objeto la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera en México y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Dicha norma abarca diversos temas, pero se destacan los siguientes.
1. Concepto legal de Inversión Extranjera
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley, la Inversión Extranjera se define como la participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas.
Es preciso señalar que la Inversión Extranjera puede ser; Directa, es decir, aquella que está destinada a actividades productivas como la industria, el comercio o los servicios; o Indirecta, que se refiere a la que está relacionada con actividades especulativas (mercado de valores o instituciones de crédito) o empréstitos (préstamos entre organismos públicos/privados o entre gobiernos).
2. Actividades exclusivas para mexicanos y el Estado
El artículo 5° de la Ley, señala un listado de actividades reservadas para el Estado Mexicano, ya que las considera como áreas estratégicas, las cuales son
- Exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos;
- Electricidad (planeación, control, transmisión, distribución);
- Generación de energía nuclear;
- Minerales radiactivos;
- Telégrafos, Radiotelegrafía y Correos;
- Emisión de billetes y Acuñación de monedas; y
- Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.
Por otro lado el artículo 6° de la ley, señala al transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga (sin incluir mensajería y paquetería), y a las Instituciones de banca de desarrollo como actividades reservadas para los mexicanos.
3. Propiedad de inmuebles en territorio nacional
Cualquier persona -física o moral- de nacionalidad mexicana puede adquirir la propiedad de bienes inmuebles dentro del territorio nacional, caso contrario con los extranjeros. Éstos últimos únicamente pueden adquirir inmuebles fuera de las Zonas Restringidas, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o incluso pueden adquirir dentro de estas Zonas con la salvedad que no sea de uso residencial.
Ahora bien, la Ley define como Zonas Restringidas a aquellos territorios ubicados a 100 kilómetros de las fronteras nacionales y a 50 kilómetros de las costas mexicanas.
4. Registro nacional de inversiones extranjeras
Según la Ley, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), tiene como propósito recopilar la información sobre actividades de inversión extranjera directa en México. El RNIE se organiza en tres secciones, donde se inscriben.
- Primera: Personas físicas y morales extranjeras que realicen actividades comerciales de manera habitual en México.
- Segunda: Sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social.
- Tercera: Fideicomisos que concedan derechos a favor de la inversión extranjera.
En conclusión, la participación de inversión extranjera en México bajo la Ley de Inversiones Extranjeras es un componente esencial de la estrategia económica del país. A través de la creación de un marco legal robusto, incentivos atractivos y la identificación de sectores prioritarios, México busca equilibrar la necesidad de atraer inversiones extranjeras con la protección de sus intereses nacionales. La aplicación efectiva de esta ley, junto con una supervisión continua, será crucial para maximizar los beneficios de la inversión extranjera y asegurar un desarrollo económico sostenible a largo plazo.
Colaboración de Pablo Igartúa Méndez Padilla, abogado Corporativo con más de 35 años de experiencia. Integrante de Allenza. Socio director del Despacho «Igartúa & Méndez Padilla, S.C.». Exdirector jurídico de la Bolsa Mexicana de Valores. Participante en el Consejo de Administración de 18 empresas nacionales e internacionales.