En medio de la peor sequía en 30 años, los problemas del agua se posicionaron como el tema en las campañas electorales. Aspirantes a presidencias municipales, sobre todo, pero también a gubernaturas lo han incluido en sus campañas de distintas maneras.
Los candidatos de Aguascalientes han regalado pipas en colonias donde se aplican tandeos o prometido “despedir” a la concesionaria del servicio. En Chihuahua, han grabado spots en presas y anunciado la creación de una dependencia estatal que administre el agua. Los de Querétaro y Puebla han propuesto municipalizar el servicio y sancionar a concesionarias incumplidas. Y en Zacatecas incluso han prometido que el agua será gratis para todos.
El tema no es menor. Hasta el 15 de mayo, 76% del territorio mexicano registraba sequía de moderada a excepcional, según el Monitor de Sequía de Conagua.
Los estados de la región tienen la mayoría de sus acuíferos sobreexplotados:
- Aguascalientes, cinco de cinco.
- Zacatecas, 15 de los 34.
- Querétaro, ocho de 11.
- San Luis Potosí, 11 de 19; algunos de sus acuíferos también abastecen a municipios de Guanajuato y Nuevo León.
El déficit hídrico en las cuatro entidades alcanza (-)1,052 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale al agua que consumen anualmente a 7.5 millones de mexicanos.
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Las estadísticas y tres especialistas con los que habló Dossier Político apuntan a una sola verdad: quien prometa que resolverá la escasez de agua, miente.
Por eso, no sólo es importante conocer qué proponen los aspirantes para resolver el problema. También hay que evaluar si lo que dicen que harán corresponde al cargo al que aspiran y si quienes guardan silencio tendrían facultades para actuar.
Presidencias municipales
A los gobiernos municipales les corresponde brindar el servicio directamente o a través de concesionarias. Sus propuestas tendrían que decirnos cómo van a administrar la escasez y cómo brindarán un servicio suficiente y continuo, como lo marca la ley.
“La primera propuesta que tendrían que hacer es cómo van a lograr el financiamiento adecuado a los organismos operadores de agua”, plantea Raúl Pacheco-Vega, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México.
“Se tienen que hacer inversiones multianuales, pero tienen que ser totalmente transparentes. Los proyectos tendrán que ser hasta 30 años para mejorar la red de distribución”, añade Saúl Flores, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
En los municipios que brindan directamente el servicio, los organismos operadores trabajan en números rojos. Y en los que hay una concesión, como Aguascalientes, Puebla y partes de Querétaro, hay quejas por servicios malos, caros y acusaciones de corrupción.
Flores, que ha trabajado en organismos operadores municipales en México, considera que un alcalde sí podría plantear:
- Construir documentos rectores serios: indicadores de cumplimiento que faciliten obtener recursos; catastro de redes, normas de conexión y dispositivos de medición en domicilios, etc.
- Generar una cultura del agua que, además del cuidado, fomente conciencia de que pagar por lo que se consume es cuestión de justicia.
- “Los controles de corrupción nunca pueden estar de lado del poder”, dice Saúl Flores. Los aspirantes a alcaldías tendrían que pensar en descentralizar los organismos operadores, con consejos de administración autónomos e integrados por la sociedad civil.
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¿Qué no puede prometer un aspirante a alcalde? Gestionar recursos federales.
Miguel Ángel Montoya, especialista en gestión integral del agua, apunta que, desde el sexenio pasado, persiste una política federal de recortes a los municipios, específicamente para asuntos del agua.
“Desde tiempos de Peña Nieto, les dio la espalda. Para forzar la privatización del servicio público, cortó recursos federalizados, que justo a través de programas de agua potable y saneamiento beneficiaban a municipios y organismos operadores de agua. Me llama mucho la atención que prometen recursos, pero si los diputados no han podido negociar o presionar al gobierno federal, mucho menos lo va a poder hacer un presidente municipal”, comenta.
Cámara de Diputados
Para Saúl Flores, la delimitación de atribuciones debería ser una propuesta fundamental, especialmente de los diputados federales.
El artículo 115 de la Constitución federal establece como responsabilidad de los municipios la prestación del servicio de agua potable. Pero no hay normativa sobre la calidad del servicio ni facultades explícitas para los gobiernos estatales.
«Estamos hablando de un servicio público y un servicio público requiere regulación. Todos los países que quieran estándares de calidad en sus servicios públicos manejan regulación”, apunta el catedrático de la UAA.
La elaboración de leyes secundarias le corresponde a la Cámara de Diputados. La actual legislatura no ha aprobado la Ley General de Aguas, que sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales (y que debió aprobarse desde 2013). De los actuales diputados, 80% busca la reelección.
“¿Con qué calidad moral llegan a sus distritos a hablar de agua, si uno los problemas fundamentales no lo lograron resolver, que era darle a este país una Ley que lograra el acceso equitativo y el uso sustentable del agua?”, cuestiona Miguel Ángel Montoya.
“La política pública no puede cambiar sin el sustento legal; el andamiaje institucional tiene que cambiar y tendría que cambiar la ley y eso le corresponde a los diputados federales”, subraya.
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Congresos locales
La Cámara de Diputados no es la única que hace leyes. También los Congresos locales pueden hacerlas, ya sea a propuesta de sus integrantes o del Ejecutivo.
Los candidatos a diputados locales —e incluso a gubernaturas– podrían presentar iniciativas para reglamentar el servicio público de agua y otros servicios públicos. También para mejorar las leyes vigentes, revisar contratos de concesión y sancionar a quienes incumplan.
“Las legislaciones locales han posibilitado que el servicio se concesione y que los contratos que firman las concesionarias ni siquiera sean revisados por los Congresos locales o estén sancionados», señala Montoya.
«(Podrían) evitar no solamente que se privatice, sino en los casos en que está privatizado, sancionar a las empresas o inclusive a los propios municipios que están incumpliendo«.
Gubernaturas
Aunque sus facultades no están claras en la ley, gobernadores y gobernadoras pueden aprovechar su facultad de iniciativa para mejorar el marco normativo local. También pueden apoyar con recursos o infraestructura a los municipios.
Para Raúl Pacheco-Vega hay otra necesidad primordial: “planes de adaptación al cambio climático y a eventos climáticos abruptos como las sequías”.