Alrededor de 900 personas privadas de su libertad en penales federales de México votaron en la elección de este domingo. Es la primera vez en la historia de México que las personas en prisión pueden votar y que sus votos contarán como los del resto de los electores.
Como parte de la primera prueba piloto vinculante, 148 mujeres y 750 hombres de cinco Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) participaron entre el 17 y 18 de mayo pasados en la elección de diputados federales.
¿Por qué se realizó esa prueba en las prisiones en México? ¿Qué retos implica para el INE y para los sistemas penitenciarios? En este texto publicado por Dossier Político en su edición impresa de abril.
¿No se podía votar en prisión?
En 2002, una mujer y un hombre indígenas tsotsiles fueron aprehendidos por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Acusados de varios delitos, fueron recluidos en el “El Amate”, un penal estatal ubicado en Cintalapa. Casi 16 años después, seguían esperando una sentencia definitiva.
Cómo lo ordenaban las reglas internas, al ingresar al penal les habían retirado su credencial de elector. En junio de 2018 ambos promovieron juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alegando que su derecho a la presunción de inocencia seguía intacto, y consiguieron que se les permitiera votar.
Pero no sólo eso. La Sala Superior del TEPJF consideró que todas las personas que permanezcan en prisión sin ser sentenciadas tienen derecho a votar. Por tanto, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una prueba de forma paulatina y progresiva para garantizar que pudieran votar activamente en 2024.
La primera prueba piloto con resultados vinculantes ocurrirá entre el 17 y el 19 de mayo de 2021. Al cierre de la edición, 3 mil 200 hombres y mujeres privadas de la libertad en cinco penales federales tenían posibilidades de participar.
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La prueba piloto se aplicará sólo en la elección de diputaciones federales. Participarán el CEFERESO femenil de Morelos, el varonil e intercultural de Chiapas y los varoniles de Sonora, Guanajuato y Michoacán.
De las 3 mil 200 personas en prisión preventiva en los cinco centros, sólo podrán votar quienes lo soliciten y estén inscritos en el Registro Federal de Electores. Esto, porque el INE enviará a los penales un paquete personalizado (similar a los utilizados por los mexicanos que votan desde el extranjero).
El paquete incluirá un resumen de las opciones electorales, pues dentro de los CEFERESOS no habrá campañas, indica el consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña.
“Se hará llegar, junto con el sobre-voto, información que se confeccionará de forma equitativa sobre las propuestas de las distintas fuerzas políticas. Eso también se hace, de hecho, para las personas que votan desde el extranjero vía postal. Es una forma de allegar información, pero ajustarnos a las condiciones concretas en las que se puede implementar este mecanismo de votación”, explica Ruiz Saldaña.
En calidad de órgano garante, el principal reto del INE es garantizar las condiciones para que las personas ejerzan un voto libre, secreto e informado.
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Dado que será mínima la información impresa que el Instituto introducirá a los Centros de Reinserción junto con los sobres-voto, se buscará que sea suficiente. Además, evalúa otras vías para que quienes sufraguen en prisión preventiva conozcan las propuestas de las y los candidatos.
Según Juan José García Ochoa, director general de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, en cada CEFERESO se designará un espacio para que las personas en prisión preventiva revisen la información recibida sobre las y los candidatos a diputaciones federales (y puedan así emitir su voto).
“En esa misma sala se encontrarán las autoridades electorales. Ahí (los votantes) abrirán su sobre, harán la lectura y la reflexión que tengan que hacer. Y, cuando lo consideren necesario o ya estén listos, pasarán a la mesa o a la mampara a ejercer su voto, cerrar su sobre y entregarlo”, detalló García Ochoa durante una rueda de prensa en mayo pasado.
Con esa logística se pretende evitar el manejo inapropiado de la información sobre las candidaturas. Aunque no se tenía contemplada la presencia de observadores electorales, eso podría cambiar.
Seis organizaciones de la sociedad civil lideradas por Documenta A.C. conformaron un observatorio que monitoreará y evaluará la implementación de la prueba; a su vez, hará recomendaciones para mejorar la organización y ampliar el ejercicio del derecho a la información. Después de la votación, visibilizará la importancia de ampliar el acceso a los derechos a la información y al voto en prisión preventiva, de cara a los próximos procesos electorales.
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Los retos de votar en prisión preventiva
La dimensión de la elección en prisión preventiva no sólo será mayor por la concurrencia de elecciones en 2024 y la participación de las 300 prisiones de México. La población interna en Centros de Reinserción ha crecido sostenidamente desde 2014.
En febrero de 2021, las cárceles del país reportaron 92 mil 821 personas recluidas en espera de sentencia, un aumento de 21.4% respecto de febrero de 2020. En un año, las y los internos en esa situación pasaron de 37.6% a 42.6% en la población penitenciaria.
Frente a ese panorama, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña considera que la de 2021 tendría que ser la primera de varias pruebas piloto.
“Yo pienso que sí es necesario en 2022 y 2023 seguir haciendo esta prueba piloto (…) En materia electoral, se requiere probar mucho o realizar varias pruebas porque la materia electoral se ha sofisticado. Ya tiene muchas partes técnicas, muchos procedimientos regulados. Entonces, es evidente que se necesita tener mayor experiencia para 2024”, señala.
“En 2024 hay tres elecciones federales más las elecciones locales, son logísticas distintas. Tendríamos que coordinarnos con los OPLES, tendríamos que planear muy bien la entrega de las boletas electorales y, en su momento, planear muy bien —una vez que ha sido emitido el voto— la distribución de dichas boletas hacia los consejos que deben hacer los cómputos”, agrega.
Hacer más pruebas piloto, además, permitirá calcular el costo de organización de comicios dentro de los Centros de Reinserción, para incluirlo en los presupuestos del INE y los órganos locales.
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Aguascalientes y otros casos que originaron todo
El fallo de la Sala Superior a favor de los ciudadanos de Chiapas consideró que, al no haber sido declarados culpables, su derecho a la presunción de inocencia estaba a salvo. Por lo tanto, también lo estaban sus derechos políticos, incluido el de votar.
Si bien esa sentencia reconoció expresamente el derecho al voto para las personas en prisión preventiva, también cita otros antecedentes.
En 2007, la Sala Superior ordenó que se expidiera la credencial de elector a dos ciudadanos -a quienes se les había negado por existir autos de formal prisión en su contra-, con el argumento de que no estaban privados de su libertad ni habían sido condenados.
Con el mismo argumento avaló el registro de Martín Orozco Sandoval, actual gobernador de Aguascalientes, como candidato a la gubernatura en 2010.
