Este año, los estados vecinos de San Luis Potosí y Zacatecas renovarán sus gobiernos estatales. El electorado de ambos ha hecho una apuesta riesgosa (y muy probablemente equivocada) que, de diversas formas, puede tener cierto impacto en la vida de Aguascalientes. Veamos.
La primera consideración tiene que ver con esa extraña manera del ciudadano de orientar el sentido de su voto, frecuentemente con más hígado que cabeza; es decir, sin valorar elementos finos de información que doten de cierta racionalidad a su decisión.
Es verdad que, en democracia, cada quién elige al que le viene en gana; pero también lo es que una de sus distorsiones es producir malas decisiones que, a fin de cuentas, se vuelven en contra precisamente de aquellos que las originaron.
En el caso de los gobernadores salientes, parece claro que el balance es relativamente favorable —pero suele pasar que este elemento beneficia poco electoralmente a los candidatos de su propio partido—. Por ejemplo, en la gestión de Juan Manuel Carreras, SLP tuvo un crecimiento promedio del PIB estatal de 3% (mayor al promedio nacional que fue de 2%) y se posicionó como la doceava economía más importante del país.
Si bien ocupa el lugar número catorce en el Índice de Competitividad del IMCO, en aquellos renglones relacionados con atracción de inversión, innovación y actividades económicas, está entre las primeras diez entidades a nivel nacional. La imagen de Carreras es buena y, en perspectiva, a SLP le afecta el desequilibrio entre los buenos números de la zona metropolitana frente los del resto del estado.
Zacatecas, por su parte, tuvo en Alejandro Tello a un gobernador eficiente y honorable —lo que en esa entidad ya es decir bastante—. Por ejemplo, en 2020 la economía del estado decreció sólo -0.7%, en plena pandemia. Según los análisis de dos investigadores (Nexos, marzo 24, 2021), fue la economía menos dañada de los nueve estados que componen la región donde se ubica (y la segunda mejor del país).
En generación de empleo, igualmente tuvo una mejora notable: fue la entidad que menos puestos de trabajo perdió en 2020. El gran problema de Zacatecas es que, con la excepción de Genaro Borrego y de Tello, ha tenido históricamente una fila de malos gobiernos, opacos y poco visionarios: una clase empresarial anticuada y una sociedad de muy baja intensidad que no han logrado reorientar la brújula de una entidad que potencialmente podría haber crecido más.
De hecho, el perfil del candidato electo en esta última entidad es la mejor descripción de la precaria cultura cívica de los zacatecanos. En palabras de Séneca: “lo cierto es que el pueblo se posiciona contra la razón, defendiendo su propio mal”.
El segundo aspecto es que todo parece sugerir que en los próximos años ninguna de ambas entidades mejorará. En el caso de Zacatecas, es muy probable que la situación de inseguridad, violencia y crimen organizado profundice su espiral de deterioro, entre otras razones por la indiferencia o la complicidad del nuevo gobierno. Lo anterior, sumado a su estancamiento estructural y la contracción económica del sexenio federal, ofrecen un panorama devastador para el estado.
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SLP, por su parte, a juzgar por los antecedentes del próximo ejecutivo, también pasará a formar parte de los estados donde la delincuencia organizada encontrará refugio para su expansión territorial, y, por el lado económico, no hay razones para pensar que el crecimiento moderno que ha impulsado Carreras continuará en un estado que perderá competitividad.
Estos dos escenarios -inseguridad creciente y estancamiento económico- crearán nuevos o mayores incentivos para que se produzca un desplazamiento de ambos fenómenos hacia entidades como Aguascalientes.
Por un lado, si el estado sigue recuperando su crecimiento y su generación de empleo, es natural que se convierta en un lugar más atractivo para encontrar ocupaciones dignas y mejores condiciones de vida. De hecho, no es una casualidad que, en los últimos cinco años, por cada habitante que salió de Aguascalientes a radicar en otra entidad llegaron 2.4 —y de estos, 28% lo hizo por razones de trabajo—.
Por otro lado, la relocalización de la delincuencia, ya sea para ampliar sus mercados o para proteger a sus familiares, verá en Aguascalientes una opción. En la práctica, esto es algo que ya sucede, con las incidencias procedentes de Zacatecas en los últimos meses.
¿Qué hacer ante estas hipótesis? Lo más urgente e importante es que los gobiernos locales de Aguascalientes fortalezcan sus capacidades de inteligencia, oportunidad y fuerza, así como su coordinación, para que estos esfuerzos tengan continuidad en la transición de 2022 y no haya que empezar de cero (lo que sería gravísimo).
Después, hay que tener total claridad de que no se podrá contar ni con la federación ni con los nuevos gobiernos vecinos, tanto por razones de incompetencia institucional y operativa como por los extraños lazos que ha tejido el gobierno de Morena con la delincuencia, así como por razones de confianza (o, mejor dicho, por falta de ella).
Será sumamente difícil establecer un lenguaje común, compartir información u organizar acciones conjuntas con gobernadores que, eventualmente, serán parte del problema más que de la solución. Las opciones del pasado (fotos, reuniones, acuerdos, comidas y poco más) no tendrán efecto alguno ni darán resultados.
Finalmente, el próximo gobierno de Aguascalientes no podrá salir adelante ante esta peligrosa vecindad si no se toma muy en serio la situación. Deberá articular políticas públicas y una gran convocatoria a la sociedad local (empresarios, medios, organizaciones sociales y de servicio, universidades, iglesias, etc.) para que participen activamente en una tarea en la que van de por medio la seguridad, la tranquilidad y el crecimiento de un estado que, hasta ahora, ha tenido éxito razonable.
