El viernes 27 de mayo, Aguascalientes puso formalmente un pie en el Sistema Penal Acusatorio, una profunda reforma de los procedimientos de administración de justicia en México. Aparentemente, el estado ha hecho bien la tarea y ha logrado prepararse para este hito antes del límite del 18 de junio, día en el cual pasa a ser una realidad en todas las entidades de la república.
Más que una simple reforma, este nuevo modelo constituye un cambio de filosofía apuntalada en dos principios básicos: la reparación a las víctimas y la presunción de inocencia.
Instituciones de los tres niveles han trabajado intensamente en esta mejora que, en palabras de la Secretaría de Gobernación, es la “más profunda transformación que se ha hecho en materia de justicia en cien años de historia nacional”. Cambian las leyes, pero también las funciones de los encargados de procurar la justicia en los respectivos estados, para “estar a la altura de las nuevas exigencias de la sociedad”.
¿Qué cambios introduce la reforma?
El nuevo sistema trae consigo dos cambios esenciales:
- Audiencias públicas. A partir de ahora, las audiencias y el propio juicio serán orales y se realizarán a la vista de todos los interesados.
- Medidas alternativas de resolución. Se introduce la posibilidad de que en casos de delitos menores, en los cuales el daño es reparable, la víctima y el imputado puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su conflicto.
¿Cuáles son sus ventajas?
Si se aplica de forma correcta, esta transformación va a dar un giro de 180 grados a la manera de entender la justicia en Aguascalientes y en todo el país. Además, dará solución a muchos de los problemas que México padece en este ámbito desde hace décadas:
- No busca meter personas en la cárcel sino repartir justicia: “El anterior sistema nos pedía que mandáramos personas a la cárcel […] Necesitábamos que todos los casos fueran condenatorios para que la sociedad sintiera que no había impunidad”, aseguraba el fiscal general del estado, Óscar González Mendivil, en una mesa de análisis sobre la reforma celebrada tres días antes de su entrada en vigor en Calvillo y Aguascalientes. Según él, tras la reforma, ya no se va a “medir la eficiencia por el número de detenidos”, sino por cosas más importantes como la presunción de inocencia o la protección a las víctimas.
- Rompe con el abuso de la prisión preventiva: Esta situación ha llegado a tal extremo que el 40 por ciento de los presos mexicanos no tienen una sentencia condenatoria, lo cual ocasiona graves problemas sociales y de derechos humanos. La reforma propone la aplicación de diversas medidas cautelares que evitarían ir directamente a prisión a un gran número de procesados que esperan la celebración de su juicio.
- Es más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso: Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presente en la mesa de análisis, recordó que antes “un proceso normal nos llevaba un año”. Según él, “ahora tenemos solo 48 horas para pedir una audiencia que determine la situación de la persona y la medida cautelar” antes de la audiencia en la cual recibirá su condena, “que no puede prolongarse en el tiempo”.
- Se prioriza la reparación del daño: Se introducen mecanismos alternativos de solución de conflictos para reparar el daño ocasionado por un delito. Para evitar posibles abusos de estos medios, se va a llevar un registro. Así, “a una persona se le pueden negar estas medidas si se considera que abusó del procedimiento o reincide”, sostuvo el fiscal del estado.
- Evita que todos los asuntos terminen en juicio: Estas mismas herramientas ayudarán a los jueces a evitar que todos los asuntos lleguen a los tribunales. Así, darán espacio a los implicados para que “lleguen a acuerdos y resuelvan sus problemas entre ellos”. Es, en palabras de González Mendívil, “dejar actuar otros elementos para la resolución de controversias”.
- Los procedimientos se van a mirar con lupa: Bajo esta nueva mentalidad, todos los detalles van a contar para garantizar la impartición adecuada de la justicia, tanto de parte de los jueces como de los propios policías. De esta manera, se deberá garantizar la existencia de las pruebas suficientes para dictar una sentencia. José Luis Eloy Morales Brand, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló que existirá la necesidad de “dejar mejor constancia [de todo el procedimiento] para evitar que un defensor se aproveche”, motivo por el cual, para él, “el peldaño más importante para que el proceso funcione es la policía”.
- Aumenta la transparencia de las instituciones de procuración de justicia: Con el nuevo modelo de justicia penal, la sociedad podrá observar, evaluar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del estado, pues las audiencias son públicas. Esto permitirá a las organizaciones civiles colaborar activamente en la implementación de este nuevo sistema, asegurando que la voz de la sociedad se tome en cuenta. Por otro lado, “no puede haber actos de corrupción porque los jueces toman sus decisiones delante de la ciudadanía”, destacó el presidente del Tribunal Supremo.
- Pretende acabar con las prácticas de tortura en los interrogatorios: Obviamente, el antiguo sistema tampoco permitía estas prácticas. La diferencia es que ahora “no puede haber tortura porque se pone en riesgo todo el caso”, asegura González Mendivil. El fiscal explicó que “ ya no solo importa buscar la verdad, sino también es relevante la forma en la cual obtuvimos la información para llegar a esa verdad”.
Tres retos inminentes
- Capacitación: En total, hay ocho jueces capacitados para estos nuevos procedimientos, pero el papel de la policía es determinante. Según el general Roberto Octavio Torres Romero, director general del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), “el 98 por ciento de nuestra policía está capacitada”, con “51 elementos faltantes”, lo cual asegura que la exigencia se ha “incrementado al 300 por ciento”.
- Implementación: El 27 de mayo no fue una meta, sino la casilla de salida. “Implementar es echar a andar. Después queda la etapa que podíamos llamar consolidación, ejecución, seguimiento”, señaló González Mendivil. Por su parte, Ponce Sánchez opinó que “tenemos todo para hacer bien las cosas”, aunque Morales Brand consideró que se debe estar muy atento para “ver qué pasa con la entrada en vigor”.
- Infraestructura: Este elemento es el que presenta un mayor retraso, pues la nueva Ciudad Justicia de Aguascalientes, que de algún modo es un símbolo de la nueva etapa, apenas comenzó a construirse unos meses atrás y no se están cumpliendo los plazos de entrega.