En estos días, como es costumbre, me encontraba leyendo un interesante artículo publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El texto “Reducción de efectivo e inclusión financiera” de Luis Mauricio Torres se había desprendido de un interesante estudio hecho por la organización antes referida.
En dicha investigación, claramente se hace una reflexión de la transición que particulares, empresas y gobierno deben llevar a cabo en los sistemas de pago y transacciones comerciales para combatir la corrupción.
El estudio relata que 96% de las transacciones en México se hacen en efectivo. Esto tiene un costo muy negativo para la economía:
- Fomenta la informalidad
- Aumenta las actividades ilegales, la corrupción
- Hay menos crecimiento económico [i]
Entre muchos de los datos interesantes, se plantea que a consecuencia de esta situación, y por lo complejo que es fiscalizar el efectivo, no se estaría fiscalizando la mitad del PIB. Además, esto acarrea un atraso considerable en políticas públicas enfocadas a la reducción de la circulación de efectivo, inclusión financiera y estrategias fiscales que promuevan el uso del dinero móvil y monederos electrónicos.
Como bien sabemos, las actividades en las que se usa solamente el efectivo comúnmente dan pie a la informalidad y a las actividades ilícitas, tome como ejemplo a los sonados “moches y mordidas”, los recursos monetarios del narcotráfico, nóminas gubernamentales y aviadores imposibles de rastrear, partidas discrecionales, etcétera.
Con el fin de incentivar políticas públicas enfocadas a combatir la corrupción y revolucionar los medios de pago en México que permitan una mejor eficiencia fiscal, el IMCO propone que exista una reducción del efectivo en circulación y una promoción de tarjetas, monederos o medios electrónicos, los cuales permitan tener un registro de las transacciones realizadas de forma organizada y transparente. Para lograr este cometido, propone poner en marcha las siguientes acciones:
- Usar las políticas sociales para fomentar el uso de cuentas bancarias.
- Programas de tecnificación para microempresas e incentivos fiscales por uso de terminales de punto de venta.
- El gobierno debe poner el ejemplo y reducir al máximo el uso de efectivo para pago a proveedores, compras públicas, obra pública, nóminas.
- No obligar a los establecimientos a aceptar efectivo.
- Impuesto o cuota por retiro de efectivo bajo cierta tabulación.
- Máximos diarios de retiro de efectivo más restrictivos, hacer necesario ampliar las alternativas para hacer pagos.
- Eliminar la distribución de billetes de $500 y $1,000 pesos. Al eliminar billetes de alta denominación se hace caro almacenar dinero.
[i] Torres, Luis Mauricio. (2016). Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera. Enero 24, 2016, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO A.C.) Sitio web: http://imco.org.mx/articulo_es/por-que-deberiamos-reducir-el-uso-de-efectivo/