Mientras la atención de los mexicanos estaba enfocada en la emergencia sanitaria y sus repercusiones en el sector productivo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó, el 29 de abril pasado, el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, el cual, no obstante, enmarcaron en la enfermedad provocada por el nuevo virus.

En el citado acuerdo se establece, entre diversas acciones y estrategias, la suspensión -a partir del 3 de mayo de 2020- de las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial, mientras que para aquellas que no han iniciado, quedó establecido que no se autorizarían pruebas preoperativas.

El alud de cuestionamientos por parte de la iniciativa privada a través de diversas cámaras empresariales y organismos especializados no se hizo esperar. De hecho, también se sumaron los señalamientos de gobiernos extranjeros y de autoridades de diversos estados, como Aguascalientes, donde se tienen importantes inversiones en la generación de proyectos de energías renovables.

Incluso, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió una opinión sobre el acuerdo por considerar que algunas de sus disposiciones “podrían ser contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia; generan un incremento en los precios de la electricidad y en los subsidios que el gobierno federal otorga a las tarifas eléctricas, en perjuicio de los consumidores y de las empresas mexicanas”.

A mediados de mayo, en medios de circulación nacional, se dio cuenta de la presentación de cuando menos 50 juicios de amparo contra el acuerdo del CENACE, además de que gobernadores del noreste del país dieron a conocer que emprenderían acciones legales, mientras que los del centro-occidente han cuestionado acremente la medida, reiterando su apoyo a la generación de energías limpias.

Las implicaciones

En este contexto, Eneida Góngora Sánchez, directora general de Optimum Projectus Consulting y miembro del Consejo Directivo de Women’s Energy Network-Mexico Chapter, considera que las implicaciones del acuerdo incluyen al menos factores de naturaleza técnica (continuidad y confiabilidad), económica (costos-tarifas), jurídicas-regulatorias (competencia) y ambientales.

“La CENACE como organismo técnico debió haber considerado todas estas perspectivas, pero revisando con opiniones de expertos técnicos sectoriales, es aceptado o entendido que en este tipo de análisis se enfatiza el valor de la continuidad y confiabilidad de la generación eléctrica base (sin renovables), por encima de otros factores», dijo, “no menos importantes que los antes citados”.

En este sentido, agrega, el acuerdo se decantó por garantizar que no existan apagones producto de las intermitencias que las plantas de renovables “ingresan” al sistema eléctrico nacional (44 proyectos en 18 estados, 6,400 millones de dólares de inversión directa, 714,000 toneladas de CO2 que no podrán evitarse en emisiones, y 29,517 empleos). Sin embargo, este factor no es homogéneo a todas las regiones geográficas de México, pues existen “diferentes mezclas energéticas”, es decir, estados donde sí hay mayor presencia productiva de plantas eólicas y/o solares, respecto de la generación base, producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Añade que este autoconfinamiento personal y la baja de actividad económica comercial e industrial en general, propician que haya menor demanda de electricidad y por tanto “sobra” generación eléctrica que provoca esta inestabilidad al sistema por la naturaleza operativa de la generación de las plantas renovables, es decir, por su intermitencia.

La especialista señala que son varios los factores que más han causado polémica desde que se emitió el acuerdo, entre los que enumera los siguientes:

1. ECONÓMICOS: Las plantas de energías renovables son más eficientes y con tecnologías que les permiten ser muy competitivas en costos que algunas de las que opera la CFE en varios casos (las de combustóleo, por ejemplo) y por tanto pueden beneficiar con menores tarifas al alto consumidor industrial/comercial que es el segmento que mayores ingresos representa a la CFE.
2. JURÍDICOS (REGULATORIO-COMPETENCIA): Es evidente y soportado que acuerdos como el emitido por la CENACE, subrayan los efectos que la COFECE el pasado 7 de mayo resaltó en su opinión como “algunas de las posiciones tendrían efectos contrarios al proceso de libre competencia y concurrencia económica al mercado eléctrico”, es decir, el acuerdo no demuestra que las medidas tomadas se justifiquen en todo el territorio nacional, dada la asimetría del país en términos de oferta y demanda del servicio básico.
3. AMBIENTALES: Evidencia un retroceso a Acuerdos Internacionales; se esperan perjuicios para la salud pública por la contaminación, a raíz de la puesta en marcha de plantas programadas para ser retiradas de la CFE, por ejemplo.

En este sentido, refiere que la claridad de cómo se conformará la matriz energética eléctrica es fundamental para dar certidumbre a inversiones en este sector que son de largo plazo.

“De acuerdo a la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 que emite la SENER (Secretaría de Energía), de 2007 a 2017, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica por renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5 por ciento, en donde las energías eólica y solar representaron casi el 50 por ciento de esa tasa respectivamente”, explica.

Inversión en energía limpia no debe parar

Eneida Góngora refiere que es muy importante invertir en la generación de proyectos de energía limpia, porque al existir una disminución de producción de gas, petróleo, además de una esperada y pronunciada contracción de la economía, la generación de energía eléctrica por fuentes renovables tiene asociadas varias ventajas.

Entre éstas destacan su limpieza, abundancia de recursos, además de que han alcanzado niveles aceptables de madurez tecnológica y costos asequibles que todo indica que mejorarán aún más y, por último, su compatibilidad con los sistemas eléctricos cada vez serán mejores también. La variable más importante involucra certidumbre en las reglas para su inserción estable en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Asimismo, comenta que el acuerdo en cuestión ha provocado la reacción reciente de embajadas como la de Estados Unidos y Canadá, así como un posicionamiento de los países de la Unión Europea (UE), para solicitar, en algunos casos, las causas por las que se han detenido las subastas eléctricas, así como revisar el retraso de actividades regulatorias relacionadas con consultas y autorizaciones por parte de las diferentes autoridades relacionadas en México, por supuesto acompañando los intereses de las empresas de sus países que tienen plantas en operación de energía eólica o solar.

Esto, señala, además de la insuficiente y la consecución de contribuciones nacionalmente determinadas que el país presentó como cumplimiento al Acuerdo de París, mismas que provienen de la Ley General de Cambio Climático y Ley de Transición Energética, en la práctica limitan temporalmente (pero sin fecha de reactivación, porque depende del comportamiento de reactivación económica derivado del COVID-19) la operación de plantas de energía renovable y lógicamente el ingreso de las nuevas plantas programadas para operar, que ganaron subastas en la última convocatoria que se tuvo en el país.

“En consecuencia, se menoscaba un poco más la confianza y credibilidad del país ante compromisos contraídos por México previamente en esta materia”, advierte.

“Personalmente, espero que la SENER, como responsable de la planificación de la industria eléctrica nacional, y el CENACE como encargado del Control Operativo del Sistema Eléctrico, puedan conversar con los diferentes actores del subsector de las energías renovables en México para comunicar de forma directa y dar certidumbre sobre el reingreso de estas empresas de energía intermitente en el SEN, pues al final todo apunta a que la lógica de mercado requiere que estas empresas deberán tener mayor presencia en la matriz energética nacional ante la creciente demanda de electricidad en el país y, por supuesto, cubrir la demanda insatisfecha de dos por ciento de la población que aún no cuenta con este servicio básico”, concluye.