El Congreso de Aguascalientes no ha sido ni será, por lo menos hasta el próximo año, auditado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF). A pesar de que su presupuesto representa más de 170 millones de pesos del erario, quedó entre los 4,500 millones de pesos de gasto público que no se revisaron.
La presidenta del Comité de Administración y el presidente de la Comisión de Vigilancia, Norma Guel y Eduardo Rocha, se dijeron “los más interesados, en conjunto con todos los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, de transparentar los recursos erogados por el Congreso del estado”. Sin embargo, dejaron al destino la posibilidad de que se fiscalicen los recursos que administran.
“Existe una autonomía por parte del Órgano. La comisión da vista a esta muestra y, sin embargo, si en la muestra del próximo año resulta el Congreso del estado, por supuesto que no nos opondremos y también sería una cuestión de consultarlo con el Órgano Superior de Fiscalización”, declaró Rocha.
En tanto, y a pesar de que en días pasados se reveló que se habían extraviado auditorías externas realizadas a la pasada legislatura, Rocha Álvarez dijo no tener conocimiento de alguna revisión externas al legislativo.
Según informó en rueda de prensa, en los informes que la Comisión de Vigilancia recibió hoy del OSF, correspondientes al gasto público estatal de 2013, se incluyen revisiones a 14 dependencias:
- IEA
- CEPTEA
- INEPJA
- SEJUVA
- SICOM
- SEFI
- ICTEA
- SEBIDESO
- INAGUA
- FICOTRECE
- PROESPA
- DIF
- UTNA
- ISEA
- 11 Municipios
Otro organismo que tampoco fue auditado en su ejercicio 2013 es el Instituto de Transparencia, a pesar de ser un órgano autónomo, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que sí fueron revisados
Sin precisar el monto que significan, los legisladores afirmaron que “menos del uno por ciento” de las observaciones hechas al gobierno del estado implican reintegro de dinero a las arcas públicas. En el caso de los municipios, las observaciones de este tipo representan “seis por ciento” del total.
El plazo para que el Congreso declare revisadas y aprobadas las cuentas públicas vence en noviembre. Aun así, “de ninguna manera solventa ninguna observación ni exonera a funcionario alguno de la posible responsabilidad que se le pueda imputar”, señaló Eduardo Rocha.