Por: Jorge Gutiérrez
Socio de Cumplimiento Regulatorio para Sector Público en Risk Advisory de Deloitte Spanish Latin America
México ha enfrentado, en el presente siglo, constantes y dinámicas transformaciones políticas, económicas y sociales (sin antecedentes en nuestra historia reciente como país).
Las entidades federativas son parte de un crisol integrado por diversas culturas y niveles de desarrollo. Un ejemplo es el Bajío, región reconocida por su alto dinamismo, industrialización y calidad de vida (superiores a la media nacional).
Sin embargo, nuestra región no escapa a un reto histórico que pone a prueba su resiliencia: una crisis nunca vista, causada por la pandemia, en la que se deben tomar acciones extremas. Normalmente reservadas para tiempos de guerra o desastres naturales, estas decisiones deben limitar el costo humano y de salud, pero al mismo tiempo deben evitar un impacto económico negativo y de mayores implicaciones para su futuro.
En este complejo entorno, durante el presente año y el próximo se renovarán los gobiernos estatales y municipales de Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Las expectativas de los ciudadanos y del sector empresarial son altas: se da por sentado que la alternancia política mantendrá la continuidad en políticas públicas para no afectar el apenas reiniciado crecimiento económico, la inversión y el empleo en nuestros estados.
Además, se espera un comportamiento ejemplar de los funcionarios salientes y entrantes, que refuerce tres componentes esenciales en un gobierno democrático y abierto:
- Transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía
- Rendición de cuentas
- Combate a la corrupción
Retos para la administración saliente
Como nunca antes, los gobernadores y alcaldes salientes luchan por concluir sus mandatos bajo una fuerte restricción presupuestal; buscan el mayor avance posible en los proyectos y las metas establecidas, a la vez que deben gestionar relaciones y acuerdos con la administración federal actual.
Los procesos de entrega-recepción en el sector público constituyen una forma estructurada para mantener y promover esta transformación pública, pero que deben cumplir diversas características:
- Adoptar mejores prácticas para ejecutar una transición de carácter público y con visibilidad para la ciudadanía. Deben ser un reflejo de las estrategias implementadas en nuestro país, para proveer al ciudadano de información entendible, completa y verificable sobre el ejercicio de los recursos públicos.
- Se requiere de un trabajo importante de planeación y ejecución que permita una transición ordenada y en cumplimiento a la normatividad establecida.
- Para la administración que deja el cargo, este proceso representa primeramente el cumplimiento a sus obligaciones normativas, pero también debe ser observado como una herramienta para que los funcionarios públicos informen de manera clara, oportuna y honesta de los avances y resultados de su gestión. De tal forma, se debe reflejar el estado de los recursos humanos, materiales y financieros, para así facilitar la continuidad de programas y proyectos trascendentales en cada estado o municipio.
- Anteriormente, llevar a cabo un proceso formal de entrega–recepción implicaba la impresión, revisión y firma de miles de documentos; sin embargo, tanto la digitalización impulsada por la pandemia como la normatividad definida actualmente contemplan y regulan la utilización de medios electrónicos de apoyo para administrar la información y para la realización de los actos oficiales de transición —incluso su transmisión en vivo en diversos medios de comunicación y redes sociales—.
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Retos para el gobierno entrante
El titular del gobierno electo debe establecer un liderazgo claro, e iniciar comunicación lo antes posible con la administración saliente; esto servirá para acordar una hoja de ruta de alto nivel (hasta la fecha de la toma de protesta). Sin embargo, este escenario le presenta una serie de desafíos.
Debe integrar un equipo de primera y segunda línea, entre los que definirá a los titulares del nuevo gabinete. Por ello, enfrentará el dilema de a quién mantener y a quién dejar ir antes de entrar en funciones. De este equipo se nombran los enlaces con la administración saliente para cada ramo o función de gobierno.
Generalmente, las normas que regulan el proceso de transición contemplan un periodo previo a la realización de la entrega formal, para que el equipo entrante conozca el estado de la administración que recibirá, así como solicitar información adicional. También pueden establecer la obligación del gobierno saliente para incluir en el presupuesto del último año recursos financieros para el equipo entrante (así como las reglas para disponerlos y ejecutarlos).
El titular entrante deberá identificar aspectos importantes en materia de situación presupuestal, plantilla de personal, estado de los bienes y proyectos en general, así como los compromisos a cubrir, que requieran su atención inmediata al inicio de sus funciones.
Además, es fundamental realizar un análisis de aquellos temas que pudieran resultar en un incumplimiento normativo en materia presupuestal, jurídica, de obra pública, recursos humanos, desarrollo social, adquisiciones, entre otros. El objetivo primordial de este análisis está orientado a analizar los procesos que se llevaron a cabo para la toma de decisiones, identificar los funcionarios implicados en ello y verificar el cumplimiento de la norma específica aplicable en cada caso.
El titular del nuevo gobierno y su equipo cuentan con una plataforma de campaña, normalmente integrada por ejes, acciones, iniciativas y proyectos resultantes. Por lo anterior, deben preparar previamente un bosquejo de las prioridades e hitos principales del periodo a iniciar —e incluso comunicarlo a la ciudadanía y a los medios de comunicación—.
La plataforma debe traducirse en un plan para los primeros 100 o 180 días de la administración, que cubra los asuntos y proyectos prioritarios (e incluso urgentes).
Ahora, una vez tomada la protesta, ¿qué debe suceder después del día 0?
- Formalizar la integración del gabinete y equipos de trabajo, hasta su nombramiento oficial.
- Estabilizar, en lo posible, la continuidad de funciones con los niveles medios y operativos que se mantendrán en el equipo.
- Gestionar planes de acción por sector o ramo, así como específicos en materia de salud/pandemia y seguridad pública.
- Impulsar la recaudación propia de manera ininterrumpida, conforme a los calendarios establecidos, así como la ministración de recursos federales.
- Concretar cuanto antes cualquier recurso o financiamiento extraordinario, sea público o en asociación con sector privado, para los nuevos proyectos prioritarios.
- Gestionar la conclusión de obras, programas y proyectos recibidos.
- Ejecutar las acciones y proyectos incluidos en el plan de 100 o 180 días.
- Preparar un Plan de Desarrollo para el periodo gubernamental, que incorpore la gestión de riesgos e indicadores clave para comunicar a la sociedad los avances y logros de manera clara.
No cabe duda que, en esta nueva realidad, enfrentamos tiempos extraños y escenarios desconocidos. Sin duda, esto implica una mayor preparación, así como una respuesta sin precedentes de parte de los nuevos protagonistas de la administración pública.