Por Carlos Romo Cardona, Asociado e investigador para generación de valor en Amic Parlante.
¿Basta con saber que en México el Estado les reconoce sus derechos? como a cualquiera, en teoría, ¿o hay que preguntarnos si en realidad los ejercen?
La transición demográfica en todo el mundo y el crecimiento en la demanda por el respeto a los derechos humanos en las sociedades de países emergentes, como México, nos lleva a preguntarnos de qué hablamos cuando se toca el tema de los derechos de las personas adultas mayores y, en particular, qué significa eso en la vida diaria.
En nuestro país, además de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en otros ordenamientos, la Ley General de Desarrollo Social establece los derechos sociales.
Estos particularizan las necesidades materiales que deben ser cubiertas para todas las personas por derecho, las cuales son: salud, alimentación nutritiva y de calidad, educación, medio ambiente sano, vivienda digna y decorosa, trabajo, seguridad social, así como la no discriminación.
Dicho de otro modo: tanto el Estado como la sociedad estamos obligados a permitir y facilitar el ejercicio de estos derechos a cualquier persona, de cualquier edad, así como tenemos la facultad para demandarlos.
Por lo tanto, las personas adultas mayores también son titulares de derechos humanos y sociales que deben ser reconocidos, visibilizados, respetados y ejercidos, incluso con asistencia y protección cuando así lo requieran.
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El país se encuentra en una transición demográfica hacia el envejecimiento de la población. Desde fin del siglo pasado se ha reducido gradualmente el índice de natalidad y ha incrementado la esperanza de vida.
Entre los años 2000 y 2020 ha crecido a más del doble la población de personas adultas mayores de 60 años, al pasar de 6.9 a 15.1 millones de personas, lo que equivale a una transición entre el 7.1% al 12.6% de la población.
Se espera que para el año 2030 alcancemos los 20.4 millones de personas adultas mayores (14.8%) y alrededor de los 30 millones de personas para el año 2050.
¿Cómo impacta esto en nuestro tiempo y en Querétaro?
Para el 2018 en el 23% de los hogares mexicanos residía al menos una persona mayor de 65 años, y en 8 de cada 10 de estos ocupaba la jefatura del hogar. Esto se debe en parte a que a las personas adultas mayores se les reconoce la experiencia adquirida a lo largo de su vida, pero también a que en muchos hogares ellas aportan un porcentaje importante de recursos económicos para completar el consumo de la canasta básica.
Entre las problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores están el incremento de la dependencia económica sobre la población productiva, retos económicos estructurales (como el acceso a pensiones dignas, vivienda y servicios urbanos), un sistema de salud con cobertura parcial en servicios especializados en gerontología y en padecimientos crónico degenerativos; discriminación en la familia, la sociedad y carencias en el cumplimiento de los derechos sociales; vulnerabilidad económica y material con riesgo de incrementar o caer en la pobreza, el rezago social y el descenso de calidad de vida, y hasta maltrato en el hogar, así como el abuso de sus pertenencias.
Tanto el estado como la capital de Querétaro, en comparación con otras ciudades y entidades, ciertamente son competitivos y ofrecen calidad de vida a sus habitantes. Sin embargo, esa buena calidad de vida no es compartida por todas las personas.
El estado de Querétaro también se encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional. En el año 2000 el número de personas adultas mayores comprendía el el 6% (83 mil personas) del total de población en la entidad. No obstante, en el año 2020 este grupo alcanzó el 10.7% (240 mil personas) de la población.
Se espera que para el año 2030 el 13% de la población sea adulta mayor (348 mil personas). La razón de dependencia de los mayores en Querétaro, es decir, el número de personas inactivas mayores de 60 años por cada 100 personas en edad activa pasó de 10.4% en el año 2000 a 15.5% en el 2020.
Esto representa un incremento de la presión en el sistema social: presión económica, para responder al aumento en el gasto en rubros como las pensiones y los servicios especializados de salud; y presión social, para lograr incorporar una cultura favorable para la vejez en todos los ámbitos de la vida y transversal a todas las edades.
La verdad es que las entidades y los municipios en México poco hacen por ello y dejan la principal responsabilidad del problema en la federación.
En nuestra ciudad existe un antecedente, en el año 2014 el Municipio de Querétaro realizó la implementación de 7 políticas públicas a favor de las personas adultas mayores. El proyecto estuvo a cargo de Norma Saeb Camargo -adulta mayor con gran trayecto en la promoción de los derechos humanos para todas las edades- y de mi persona, especialista en investigación social y de mercado.
Aquel fue un logro transversal en todas las dependencias municipales. Además, se implementaron once actividades de mejora gubernamental para favorecer a las personas adultas mayores. Pero, como cada tres años, la mayoría de los logros institucionales están sujetos a la voluntad de las nuevas autoridades por continuar o desechar incluso lo que funciona.
Las siete políticas implementadas en aquel año fueron:
- Derechos humanos, en una sociedad para todas las edades.
- Salud y envejecimiento con calidad de vida.
- Ocupación y empleo.
- Educación, cultura y recreación
- Corresponsabilidad social e institucional
- Certeza Jurídica
- Seguridad de la persona; con un alcance en el ámbito de la administración pública.
Asimismo, existe la expectativa de que la sociedad transite también hacia una cultura favorable para la vejez, a la par de que transita hacia el envejecimiento de la población. Se espera que en un futuro cercano se creen mecanismos de atención al proceso del envejecimiento poblacional, que deberían iniciar por promover el ideal de una sociedad adecuada para todas las edades.
En este sentido, solo necesitamos hablar abiertamente del envejecimiento, sacarlo del ámbito privado o teórico y hacerlo presente en el ámbito público.
Nos espera una modificación de las principales necesidades sociales en las siguientes décadas y los tópicos de mayor relevancia para ser atendidos son: la salud, la ocupación, la recreación, la educación, el empleo, la convivencia armónica y los derechos humanos.
Todo esto orientado a la inclusión y atención de las personas con edad avanzada, quienes hoy y mañana deben vivir un envejecimiento saludable, activo y con seguridad.