La exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la denomina como el “Ombudsman fiscal” mexicano, es decir, la institución protectora de los derechos humanos tributarios. Sin embargo, pese a la importante y trascendental tarea que ello implica, el legislador dejó a medias las herramientas que, posteriormente y a lo largo de estos años, la Prodecon ha sabido abastecerse para garantizar la defensa de los derechos de los contribuyentes.
No me detendré en analizar si existen o no, y cuáles son los derechos tributarios; considero que existe un elemento fundamental en el pago de impuestos para el Estado Social y, por tanto, para el acceso a los derechos humanos: la vinculación al gasto público. Este elemento de los impuestos es para mí el de mayor relevancia en materia de derechos pues, por una parte, obliga al debido ejercicio del gasto público, y por otra, se constituye como el medio para satisfacer las necesidades básicas como el derecho a la salud pública, a la educación, al acceso a la justicia, a la cultura, etc.
En este sentido, la existencia de la Prodecon resulta fundamental como observador del actuar de la autoridad fiscal y, además, en su función de defensor público no jurisdiccional, garantiza el derecho humano al acceso a la justicia, en este caso tributaria. Los derechos humanos constituyen un límite para las autoridades, por ello resulta fundamental para la vida democrática del país contar con instituciones independientes que los garanticen y protejan.
Considero que al legislador le ha hecho falta un mayor compromiso, no tanto con la Prodecon, sino con los contribuyentes, para establecer una institución de derechos humanos que tenga todas las facultades constitucionales que dichos organismos deben tener. La Prodecon merece dotarse de mayores atribuciones, como la posibilidad de interponer acciones colectivas, por mencionar alguna, o bien, constituirse como un Órgano Constitucional Autónomo. O mejor dicho, los contribuyentes merecemos se dote de mayores facultades a instituciones que, como la Prodecon, cumplen sus funciones eficazmente en favor de los gobernados.
Esto último no le resta importancia ni a la “intención” del legislador, ni a la labor que los funcionarios de la Prodecon están haciendo en defensa de los contribuyentes, como es el caso del Delegado en Aguascalientes, José Antonio Guerra Caparrós, quien junto con su equipo de trabajo han logrado atender a más de 2,700 pagadores de impuestos en lo que va del año 2015, siendo una de las Delegaciones más visitadas a nivel nacional. Tan solo en Aguascalientes se han tramitado más de 470 procedimientos de quejas; se han emitido ya 6 Recomendaciones Públicas y se han presentado más de 120 medios de defensa interpuestos en este 2015.
Tomarnos en serio los derechos humanos significa tomarnos en serio las instituciones. La Prodecon ha venido realizando una tarea fundamental en beneficio de los contribuyentes, consolidándose como el interlocutor que necesitaba el sistema tributario para transparentar la actuación de las autoridades fiscales. Esperemos el legislador tome esto en cuenta en el próximo ejercicio de egresos y en las próximas reformas legislativas…