El Índice de Estado de Derecho del Word Justice Proyect (WJP) en México incluye la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) realizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
La métrica incorpora dos aspectos fundamentales del gobierno abierto: la participación ciudadana y la transparencia. Por su construcción, se erige como la medición más completa y profunda sobre este tema en México.
Los últimos resultados del Índice WJP muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país. Aparecen más estados en retroceso que otros con avances. Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias:
- El debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico.
- El deterioro en los sistemas de justicia penal.
- La falta de avances en materia de anticorrupción.
Conforme a la metodología del WJP, el Índice utiliza tres tipos de fuentes de información:
- Una encuesta a población general
- Encuestas a especialistas, abogados y abogadas que ejercen en cada uno de los 32 estados del país
- Estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones
El uso de estas tres fuentes de información permite medir el Estado de Derecho desde distintas perspectivas complementarias, emplear una gran cantidad de preguntas, así como utilizar las mejores fuentes para medir los distintos conceptos. Esta conjunción reduce el sesgo que podría surgir si solamente se utilizara un método de recolección de información.
Todos los estados están reprobados
El Índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Dada su naturaleza, ningún estado se acerca a la calificación idónea y ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país están reprobadas y con grandes retos en esta materia.
Los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47), Aguascalientes y Guanajuato (0.46). Los estados con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34); es decir, se presentan a la mitad o a la tercera parte de lo deseable en materia de Estado de Derecho. Así el país obtiene 41 de 100 puntos posibles.
La adhesión al Estado de Derecho es mayor en El Bajío que en el Norte y Sur del país, pero todo aparece en naranja. Ningún estado se acerca a tonos verdes en el espectro semaforizado del WJP para México.
Aguascalientes es noveno lugar en Límites al poder gubernamental, quinto en Ausencia de corrupción, segundo (su mejor lugar) en Gobierno abierto; séptimo en Derechos fundamentales, doceavo (su peor lugar) en Orden y seguridad, séptimo en Cumplimiento regulatorio, sexto en Justicia civil y quinto en Justicia penal. Con ello, logra la cuarta posición a nivel nacional.
Ante la Agenda 2030
El ODS 16 propone ”configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas”.
Más aún, estos principios se encuentran integrados en varios ODS, en los cuales la transparencia, la participación pública y la existencia de instituciones que rindan cuentas son instrumentos necesarios para el cumplimiento de las distintas metas.