Aguascalientes es el estado cuyos municipios han respaldado sus deudas públicas con el mayor porcentaje de participaciones federales.
De acuerdo con el informe al primer trimestre de 2014 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pago de obligaciones con cargo a los ingresos participables de cuatro municipios del estado impacta al 14.2 por ciento de esos recursos.
Las deudas respaldadas con el 100 por ciento de los ingresos federales participables de los ayuntamientos del estado son las de Jesús María, Rincón de Romos y Tepezalá. En estos municipios, según Hacienda, existen “contratos que estipulan la afectación de la totalidad de sus participaciones para garantizar el pago de sus obligaciones”.
El municipio capital ha respaldado su deuda con el 92.5 por ciento de las participaciones federales recibidas hasta el primer trimestre del año.
Junto con el impacto al 77 por ciento de los ingresos participables que la deuda del gobierno del estado genera, Aguascalientes la tercera entidad del país con la mayor proporción, en promedio, de participaciones federales afectadas por el pago de deuda pública, con 91.2 por ciento.
San Luis Potosí y el Distrito Federal, con 92.1 y 100 por ciento de sus participaciones comprometidas, respectivamente, son las únicas dos entidades que superan a Aguascalientes en esa proporción.
Si se toma en cuenta solo la deuda que corresponde pagar al gobierno del estado, Aguascalientes ocupa el noveno lugar del país con la mayor amortización de deuda a través de los recursos federales.
El mes pasado, el Congreso del estado aprobó un decreto por el cual se limitó el monto máximo por el cual los ayuntamientos podrán solicitar empréstitos, que en conjunto suman los 145.2 millones de pesos, a pagar con los recursos del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social (FAIS).
De acuerdo con la misma dependencia, hasta el 31 de marzo de 2014, el estado Aguascalientes ha erogado 3,053 millones de pesos en el pago de deuda a través de participaciones federales. Ese monto equivale al 50.3 por ciento del saldo de deuda de las administraciones estatal y municipales.