Por: Dr. José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Este 1 de julio cumple un año la entrada en vigor del T-MEC, el cual nació durante la crisis global por COVID-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como un cambio de tendencias en el intercambio de bienes internacionales con criterios hacia una mayor regionalización. Gracias a esta reorientación, se originaron, no sólo al T-MEC, sino otros procesos que representan retos y oportunidades.
A diferencia del TLCAN, cuyo enfoque era hacia la globalización de la economía, la regionalización ha ganado espacios en los últimos cinco a diez años -a consecuencia de la disrupción en las cadenas productivas, problemas derivados de fenómenos meteorológicos, y el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China-.
Lo negociado en el T-MEC para la industria automotriz implica acrecentar la relación entre los tres países y reducir la relevancia de la importación de partes y componentes externos a la región. De tal forma, los requisitos para considerar como originario un vehículo, se convertirán, junto con las disposiciones laborales, en los principales retos.
Anteriormente, la regla de origen que debía cumplirse para que un vehículo fuera considerado originario era de un 62.5% del Valor de Contenido Regional (VCR). La regla actual obliga al cumplimiento de cuatro requisitos:
- Un mayor porcentaje del VCR del vehículo que se irá incrementando hasta llegar al 75%.
- Un VCR del 75% en autopartes.
- Un mínimo de 70% de las compras de acero y de las compras de aluminio en la región deben ser originarias.
- Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40% en vehículos de pasajeros y de 45% en camiones comerciales ligeros.
Esto implica cambios de enfoque en la estrategia de abastecimiento de las partes y los componentes que conforman un vehículo. Anteriormente, lo más importante era cumplir la regla de origen lo más eficiente y económicamente posible. Ahora, la regla actual es tan estricta, que obliga a una relocalización de la proveeduría. Así, se privilegia el abastecimiento de materias primas y componentes dentro de la región y se desalientan las importaciones externas a esta.
Esto representa una de las más importantes oportunidades para que la relocalización de la proveeduría se ubique en nuestro país: tratándose principalmente de proveedores de segundo nivel en adelante en la cadena de valor, la reubicación de pequeñas y medianas empresas tendrá mayor o menor relevancia (dependiendo de su estrategia corporativa).
El segundo reto es el cumplimiento de las disposiciones del capítulo laboral que, en términos generales, implican la aplicación estricta de la reforma aprobada por el Congreso mexicano. Con esta se garantiza que los trabajadores accedan a una negociación colectiva auténtica, lo que obliga a la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores.
Para efectos de la vigilancia de esto, existe el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), que a diferencia de otros mecanismos en que las sanciones comerciales son aplicables al sector productivo, aplican directamente a las empresas -y pudieran hacerse extensivas a la cadena de valor de productos manufacturados, impactando así sus exportaciones-. Además, este MLRR puede resolver una controversia en cerca de 4 meses.
Se debe adoptar una estrategia proactiva para la reforma laboral, alineada con los compromisos internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de buena parte de los compromisos laborales es obligación de los sindicatos y no precisamente de las empresas, cuya obligación es facilitar a éstos. Precisamente, les compete el ejercicio de los derechos laborales y la democracia sindical de sus trabajadores, sin intervención directa en dichos procesos.