Una silla quedó vacía en el segundo debate ciudadano organizado por la Coparmex Aguascalientes y al que fueron convocados los candidatos a diputados federales: fue la del panista Javier Luévano Nuñez, abanderado de la coalición “Por Aguascalientes al Frente” por el primer distrito, quien no acudió al evento, lo que fue reprochado por el organismo empresarial, pues tampoco lo sustituyó alguno de sus compañeros candidatos, cuando el formato así lo permitía.
Este ejercicio, que tiene el objetivo de conocer las propuestas de los abanderados, fue moderado por Víctor Hernández Huerta, coordinador de la licenciatura en Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia (CIDE), que también fue la sede del evento.
Los que asistieron fueron: Rafael Calderón Zamarripa, candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición “Juntos Haremos Historia”; José Carlos Lozano Rivera Rio, candidato a diputado federal por el segundo distrito del Partido Revolucionario Institucional; Armando Quezada Chávez, candidato a diputado federal por el segundo distrito del Partido Nueva Alianza; y Eduardo Muñoz de León, candidato a diputado federal por el segundo distrito del Partido Verde Ecologista.
Los temas en los que presentaron sus planteamientos fueron: economía, seguridad y combate a la corrupción.
En materia económica, Armando Quezada Chávez, de Nueva Alianza, subrayó que una de las facultades que tienen los diputados federales tiene que ver con la aprobación del presupuesto de egresos y ley de ingresos; cuestionó las grandes cantidades de recursos que se destinan a los poderes Legislativo y Judicial, máxime cuando no dan resultados satisfactorios, por lo que propuso efectuar una redistribución del gasto público; también propuso una reforma fiscal profunda que atraiga nuevas inversiones y retenga las existentes, como disminuir el ISR al 24.66 por ciento como recomienda la OCDE, además propuso incrementar el salario mínimo a razón del 8.5 por ciento mensual para llegar en 12 años a un aumento del 100 por ciento en comparación con el actual y que se combata la informalidad.
José Carlos Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que para generar condiciones de inversión es preciso entablar vínculos directos con las secretarías de estado, en aras de obtener los recursos necesarios para impulsar los proyectos existentes en áreas específicas, poniendo como ejemplo el sector automotriz; también propuso ampliar la cadena productiva del sistema PyME que va desde la capacitación, certificación, hasta las becas, en aras de que estos negocios no mueran antes de los cinco años. Además, planteó eliminar el ISR a los trabajadores que tengan ingresos menores de 10 mil pesos, lo que no generaría ninguna descompensación en la Ley de Ingresos.
Rafael López Calderón, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que uno de los retos más importantes es aminorar la inflación, el desempleo, la fuga de capitales, la corrupción e impunidad; aseguró que desde el Legislativo impulsarán programas a favor de la economía para apoyar a las PyMES, pues éstas aportan el 42% del PIB y generan el 78 por ciento del empleo en el país. También propuso aumentar el salario mínimo a 98 pesos diarios, no aumentar ni crear nuevos impuestos, efectuar ajustes en materia fiscal, y emprender una reingeniería del gasto público; además, incentivar políticas para que haya un mejor empleo, más productivo y remunerado; aprobar el presupuesto necesario para crear infraestructura educativa cultural y deportiva, que sean un atractivo para que los inversionistas para puedan establecerse.
Eduardo Muñoz, del Partido Verde Ecologista, mencionó que en México la economía no está estancada, pero tampoco avanza como quisiéramos, por lo que le apuestan a que el apoyo a las PyMES sea suficiente y accesible; propuso hacer modificaciones al INADEM para que la IP y tenga más injerencia en la toma de decisiones respecto a PyMES; dijo que van por el aumento al salario mínimo, de acuerdo a lo que indica CONEVAL; le apuestan a los proyectos productivos para que arraiguen a la gente en sus comunidades, además de incentivos fiscales a empresas que contraten a jóvenes en su primer empleo, y a aquellos que tengan 35 años de edad o más. También comentó que son necesarias dos nuevas refinerías, pues sólo produciendo gasolina en México bajará su costo.
En el rubro de seguridad, Eduardo Muñoz, del PVE, sostuvo que debido al incremento de los robos en todas sus modalidades, es precisa una iniciativa para que sea considerado como grave, pero no sólo eso, sino que haya reparación del daño a víctimas del delito; propuso penas de 5 a 10 años a quienes porten armas de fuego de manera ilegal, así como castigos más severos para la reincidencia; también planteó aumentar el sueldo a los policías, y en general mejorar su condición de vida y la de sus familias.
Armando Quezada, de Nueva Alianza, dijo que en este sexenio se han roto varios récords en materia delictiva, como número de secuestros, homicidios, y violaciones, por lo que se pronunció por construir un nuevo modelo educativo, con principios y valores; también estuvo de acuerdo en modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el robo sea un delito grave, y en cuando a la Ley de Seguridad Interior, se decantó por que la Marina y el Ejército intervengan en ciertas regiones cuando así lo amerite el caso.
José Carlos Lozano, del PRI, dijo que es conveniente implementar el mando único y que ninguna autoridad se sustraiga de su responsabilidad independientemente de la competencia que tenga; no solamente se requiere una policía de proximidad, sino también trabajar para reconstruir el tejido social, de ahí que gestionará ante la federación los recursos necesarios para que la entidad cuente con la infraestructura suficiente que requieren las familias en materia de salud y educación. Se pronunció por dar nueva vida a la desolada Línea Verde y a la Casa del Adolescente, que son proyectos buenos de administraciones anteriores.
Rafael López Calderón, de Juntos Haremos Historia, se manifestó por una Secretaría de Seguridad Pública que no dependa de la Secretaría de Gobernación y que rinda cuentas de manera directa al Presidente; también respaldó el mando único y garantizar que los cuerpos de seguridad estén al mismo nivel, lo que implica acabar con las diferencias salariales.
En el combate a la corrupción, el priista José Carlos Lozano, dijo que la corrupción no se elimina por decreto ni por buenas intenciones, ni tiene nombres de partidos, es un tema de las personas y no de las instituciones, por lo que se necesita un Estado de Derecho sólido que acabe con la impunidad; propuso fortalecer el Sistema de Evaluación Gubernamental, el sistema de transparencia, y darle suficiencia presupuestal al Sistema Nacional Anticorrupción; también propuso crear la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y la Ley General del Gobierno Electrónico, además de garantizar que la Fiscalía General sea autónoma.
Eduardo Muñoz, del PVE, propuso aumentar las penas y sanciones corporales y patrimoniales a quienes incumplan la ley de servidores públicos y que incurran en corrupción en sus funciones, dotar de autonomía a la Fiscalía General de la República y a los sistemas Anticorrupción, además de plantear que Transparencia Mexicana acompañe al Estado en los procesos de licitación.
Rafael López Calderón, de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que la gran causa de la desigualdad y pobreza es la corrupción, por lo que proponen la Ley Federal para el Combate del Conflicto de Interés y la eliminación del fuero, porque “si trabajas con honestidad, no necesitas fuero”, sostuvo; además, propuso fortalecer las acciones contra servidores públicos que incurran en este delito, eliminar privilegios de la clase política, y que la corrupción sea castigada con cárcel preventiva; autonomía plena de los órganos de combate a la corrupción y que la Auditoría Superior de la Federación ya no dependa de la Cámara de Diputados, sino que sea un órgano autónomo.
Armando Quezada, de Nueva Alianza, aprovechó su intervención para señalar que la Sexagésima Segunda Legislatura Federal ha sido la más corrupta, pues son los creadores de los moches, ya que –dijo- autorizaron 11 mil MDP para obras en los municipios que ellos mismos distribuyeron y cobraron porcentaje; “uno de los candidatos a la Presidencia era coordinador de la bancada y otra de sus integrantes está en casa”, acotó; también criticó que a nivel local el fiscal anticorrupción tenga nexos con el PAN.
Al finalizar este ejercicio, y luego de que los asistentes hicieran varias preguntas a los candidatos, el presidente de la COPARMEX, Raúl González Alonso, agradeció a los abanderados su presencia y los exhortó a presentar su declaración 3 de 3, así como a firmar el Manifiesto por México,; esto último de inmediato hicieron.
Previamente, declaró que el debate ciudadano anterior, de los senadores, fue visto por casi 36 mil personas, se reprodujo 12 mil 600 veces y tuvo casi 2 mil 800 comentarios, cifras que indican que si bien hay un hartazgo de la sociedad, también es cierto que hay un interés por informarse.
El próximo debate será con los candidatos a diputados locales.