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Solicitan desafuero del alcalde de Guadalupe por presunta acusación de homicidio

La LXIV Legislatura de Zacatecas recibió la solicitud para el desafuero del presidente municipal de Guadalupe, por presunta acusación en la coautoría de homicidio y robo en contra del abogado, Raúl Calderón Samaniego, quien fuera ex integrante de Los Románticos de Zacatecas. 

Luego de que se emitiera una orden de aprehensión contra el funcionario, la Fiscalía General del Justicia de Zacatecas presentó una solicitud para el desafuero y remoción del cargo al alcalde, misma que fue leída por el presidente de la Jucopo, Enrique Laviada Cirerol, a lo que apunto: 

“Quiero expresar que atenderemos la solicitud hecha por el fiscal con institucionalidad, con toda la seriedad que el caso merece y un estricto apego a la legalidad”. 

Las y los diputados tendrán un periodo de máximo diez días para analizar la solicitud y emitir un dictamen. Las comisiones legislativas jurisdiccionales y de gobernación atenderán la solicitud. En caso de que el dictamen sea afirmativo, el congreso en pleno participará en el juicio de procedencia a manera de juzgado. 

En este sentido, las y los diputados ejercerán una función jurisdiccional en el que deben dar garantía de audiencia, para que el funcionario que ostenta la protección del fuero constitucional, pueda defenderse. 

Separación del cargo y desafuero 

Las causas que implican la destitución o separación de un carg público, se encuentran dictaminadas en las leyes penales y en las leyes especiales de responsabilidad política y de responsabilidad administrativa.

En caso de violar algún aspecto de estas leyes, la sancion es la destitucion del servicio público, así como la inhabilitacion de desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza del servicio público. 

Por otro lado, el desafuero se da cuando se da fundamento de que la o el funcionario público ha cometido algún delito. A partir del desafuero se elimina la restricción del proceso que impide que sea juzgado, por lo que, el funcionario puede ser juzgado como una persona civil. 

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