En los próximos 20 años, el concepto sobre las universidades ingresará a una etapa en donde se dará paso a una nueva forma de organización educativa en la que el intercambio y producción de conocimiento podrá ocurrir en las redes, las fábricas, los laboratorios y cada vez menos en los campus universitarios.
Partamos de una hipótesis: la oferta de educación superior tradicional, tanto desde el punto de vista de su arquitectura curricular y su enfoque profesionalizante como de la forma como está construido el sistema y su relación con la economía, han llegado a su fin, al menos como lo conocimos.
Desde mediados del siglo XX, el sistema de educación superior en México se duplica cada 9 años: mientras en 1950 tenía cerca de 30,000 estudiantes, en 2017 comprende más de 3.5 millones en la modalidad escolarizada, que estudian en alrededor de 3,000 instituciones públicas y privadas. La matrícula ha crecido 145 veces desde 1950, si tomamos en cuenta también la oferta en línea y sin deducir la “tasa de pérdida” entre el egreso de la media superior y la absorción del siguiente nivel, estimada en unos 136,000 jóvenes.
Y aunque la demanda ha estimulado la oferta de una manera tan veloz, la cobertura en México es apenas de 36 por ciento, menor al promedio OCDE. Si bien por unos años seguirá creciendo, hacia el 45 por ciento en una década, se estacionará, sobre todo, por el achatamiento de la pirámide demográfica. En México la edad promedio es de 28 años y se calcula que en 2020 será de 33 años; por tanto, la demanda de educación superior en el grupo típico de edad de 18 a 23 años tenderá a estabilizarse y después a decrecer.
«El crecimiento de la educación superior va muy por delante del de la economía y de los empleos para graduados universitarios»
El segundo problema es el financiamiento de las universidades públicas, asociado con la necesidad de satisfacer la expansión de la demanda. Como se sabe, éste viene de 3 fuentes: subsidios, colegiaturas e ingresos propios por otros conceptos. Pero en realidad la mayor carga, alrededor del 92 y 93 por ciento viene de subsidios. Ya hace 10 años la OCDE mostró cómo ese desequilibrio era insostenible y no se resolverá incrementando la fuerte dependencia del dinero público.
Pero además, el financiamiento de las universidades parece ser regresivo. Cerca del 77 por ciento del gasto público destinado a ese nivel beneficia a los tres deciles con más altos ingresos. Más bien, hay que explorar una estructura distinta basada en una mejor repartición de costos.
El tercer problema es que el crecimiento de la educación superior va muy por delante del de la economía y de los empleos para graduados universitarios. Y esto tiene varias consecuencias. Por un lado, hay evidencia de que los egresados no están consiguiendo buenos empleos, formales, en su disciplina y con ingresos competitivos. La ENOE-INEGI sugiere que 7 de cada 10 personas ubicadas en la tasa de desempleo cuentan con educación media y superior. Según la OCDE un profesionista mexicano recibe un ingreso mensual de 10,337 pesos en promedio, no mucho más alto que el de un trabajador no universitario. Y de 1995 a 2013 los ingresos de los egresados universitarios cayeron poco más de 30 por ciento, según un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Todo lo anterior evidencia un problema de oferta y demanda, pero también un problema de calidad. De acuerdo con Ceneval, el EGEL revela que entre 45 y 50 por ciento de los egresados no cuenta con el saber básico de su profesión y eso los pone en desventaja para competir por los mejores puestos de trabajo.
En suma, las universidades tendrán que cambiar o estarán condenadas a desaparecer.