Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la “Ley Silla”, una reforma que modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar condiciones laborales más dignas. Asimismo, esta medida, aclamada por 104 votos a favor y ninguno en contra, establece la obligación de los empleadores de proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores en sectores como comercio y servicios.
Además, el dictamen prohíbe a las empresas exigir que los trabajadores permanezcan de pie durante toda la jornada laboral. Pero ¿qué implica realmente esta nueva disposición y cuándo comenzará a aplicarse?
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¿De qué trata la Ley Silla?
Por su parte, en México, un gran porcentaje de los trabajadores pasa largas horas de pie. Según estudios presentados por el Senado, puede causar graves problemas de salud como fatiga, dolores musculares, varices e incluso afecciones cardíacas en casos extremos. En consecuencia, la Ley Silla busca mitigar estos riesgos al establecer normas claras para el descanso y bienestar de los empleados.
Entre los puntos clave de esta reforma destacan:
- Los empleadores deberán proveer un número suficiente de sillas con respaldo para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones o descansar periódicamente.
- Estas sillas deberán estar ubicadas en áreas designadas dentro del lugar de trabajo.
- Queda estrictamente prohibido obligar a los empleados a permanecer de pie durante toda su jornada laboral.
- Además, las empresas que incumplan estas disposiciones enfrentarán multas que van desde $25,935 hasta $259,350 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.
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¿Cuándo entra en vigor la Ley Silla?
Por otro lado, la Ley Silla será una realidad una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de esta publicación, los empleadores tendrán un plazo máximo de 180 días para implementar las adecuaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de la reforma.
Luego, tras este período, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con 60 días adicionales para realizar inspecciones y verificar que las empresas cumplan con lo estipulado. En caso de incumplimiento, las sanciones económicas y la posible suspensión de actividades serán una realidad para quienes no garanticen los derechos de sus trabajadores.
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