Se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, figura legal que ha sido señalada de violar los derechos humanos.
El ministro Luis María Aguilar ha presentado una propuesta para rechazar la validez de esta figura, pues considera que va en contra de la presunción de inocencia ya que limita la libertad personal de los acusados sin haber sido declarados culpables.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es un encarcelamiento por adelantado, pues se establece en la constitución que cualquier persona que cometa uno de los 16 delitos estipulados en el artículo 19 constitucional, será puesto en detención automática en espera de que se lleve a cabo su juicio y se le dicte sentencia en caso de ser culpable.
¿Qué delitos la implican?
- Violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Desaparición forzada
- Robo de casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Delitos de enriquecimiento ilícito
- Robo al transporte de carga
- Delitos de hidrocarburos
- Delitos cometidos con medios violentos
¿Qué posturas hay?
La postura del ministro Luis María Aguilar es clara, pues considera que la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la libertad de las personas, además de que invalida la presunción de inocencia.
«Las afectaciones a este derecho solamente pueden darse de manera excepcional mediante el cumplimiento de las normas constitucionales y un juicio que cumpla con el debido proceso»
Además, el ministro también señala la cantidad alarmante de personas que están encarceladas esperando sentencia, pues aunque la constitución también dice que la prisión preventiva no puede sobrepasar los dos años, la incapacidad de resolver todos los casos en el tiempo establecido hace que más del 40% de personas detenidas en prisión preventiva sigan a la deriva esperando sentencia.
¿Qué dice el Presidente?
Por su parte Andres Manuel López Obrador se ha posicionado en contra de eliminar esta figura legal, pues a su consideración, la eliminación de esta “es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, que no se olvide, delincuentes de cuello blanco”
Esto podría significar: “la pérdida de vidas humanas; no sólo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud”. Según el presidente.
Ademas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López señaló “que la eliminación de esta figura va en contra del fortalecimiento jurídico y político del proyecto de seguridad del Presidente”
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