El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, en sesión privada el pasado 24 de octubre, su Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025. Con ocho votos a favor y tres en contra, el presupuesto contempla la reducción salarial de 330 altos funcionarios, incluidos los 11 ministros.
Ajuste salarial y reforma al Poder Judicial
La ministra presidenta Norma Piña incluyó la reducción salarial. Lo anterior, atendiendo a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), vigente desde el 16 de septiembre de 2024. Esto resultó en una disminución de casi el 50% en las remuneraciones de los ministros. Los ingresos brutos anuales pasarán de 5.5 millones de pesos a 2.8 millones de pesos por cada integrante del tribunal.
Disputa en el Pleno
Inicialmente, el proyecto encontró resistencia por parte de algunas ministras. Lenia Batres, por ejemplo, señaló que la propuesta de Piña no reflejaba adecuadamente el impacto de la reforma judicial. Batres criticó que el proyecto no contemplaba recortes más amplios, acusando que los ajustes eran insuficientes y que algunos conceptos de pago no transparentaban su composición.
Presupuesto de 5,922.9 millones de pesos
La SCJN solicitará al Congreso un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos para 2025. Este monto representa un incremento nominal de 2.3% respecto a 2024, aunque en términos reales implica una reducción de 1.4%, tomando en cuenta la inflación proyectada para este año, estimada por el Banco de México.
Inconformidades y críticas de Lenia Batres
La ministra Lenia Batres expresó en redes sociales que, a pesar de la aprobación del proyecto, se desestimaron sus observaciones. Señaló que la remuneración de los ministros continúa siendo inconstitucional. Esto, porque supera el tope que marca la Constitución: el salario del Presidente de la República.
“Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley”, acusó Batres.
Modificaciones al gasto de la SCJN
A pesar de la reducción en las remuneraciones, la SCJN destinará el 80% del presupuesto a servicios personales, buscando asegurar el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos. Sin embargo, Batres también criticó la falta de medidas de austeridad, señalando que algunas partidas, como las destinadas a obras, se incrementaron de forma injustificada.
La propuesta de presupuesto será enviada al Ejecutivo Federal antes del 5 de noviembre de 2024, para que se integre al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. La Corte argumenta que el ajuste en las remuneraciones de los ministros se alineará con los parámetros de austeridad establecidos en la reforma judicial.
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Implicaciones para el Poder Judicial y su presupuesto
El ajuste salarial y la reducción en el presupuesto son parte de un esfuerzo por adaptarse a los cambios legislativos. Aun así, el monto solicitado por la SCJN refleja una reducción del 23.7% en términos reales comparado con lo autorizado en 2018.
Las diferencias dentro del Pleno de la SCJN demuestran la tensión entre la implementación de la reforma judicial y las expectativas de austeridad. Norma Piña y otros ministros defienden el ajuste como una muestra de racionalidad presupuestal. Por otro lado, las críticas de Batres plantean dudas sobre la verdadera profundidad de los recortes.
La reducción salarial también afecta a 330 altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, un aspecto que refuerza la intención de la SCJN de cumplir con los ajustes dictados por la reforma.
Futuro del presupuesto y los fideicomisos
El debate también ha girado en torno a la extinción de seis fideicomisos de la SCJN, cuyos saldos deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación, según lo establece la reforma constitucional. Batres criticó la falta de claridad en torno a este punto en el presupuesto aprobado, lo que ha generado más controversia sobre la transparencia y la administración de los recursos en el Poder Judicial.
En conclusión, el presupuesto aprobado para 2025 refleja el impacto de la reforma judicial, pero la tensión entre austeridad y suficiencia de recursos marcará el siguiente año para la SCJN.
