Con frecuencia, los medios reportan con cierta alarma los casos de personas que muestran una creciente propensión a padecer problemas relacionados con la salud mental o que llegan a casos extremos como el del suicidio; pero la comprensión del fenómeno y, por tanto, la discusión de las acciones necesarias para abordarlo brillan por su ausencia, o bien, caen en el ridículo, como fue evidente en alguna declaración de la candidata a la alcaldía de la capital. Las cosas, sin embargo, son más complejas.
Aunque al parecer los cuadros depresivos, los trastornos obsesivos y las manifestaciones de angustia, ansiedad o estrés son patologías que existen desde hace siglos, no es sino hasta la segunda mitad del siglo pasado que la investigación clínica se ha ocupado con rigor de estas enfermedades, y los fármacos que han mostrado mejor desempeño en este terreno quizá tengan apenas dos décadas en el mercado. Como quiera que sea, las estadísticas muestran que se trata de un problema real, al que tanto las autoridades como los profesionales y líderes de opinión deben poner mayor atención antes de que se vuelva una cuestión grave de salud pública. Las razones son varias.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo unos 350 millones de seres humanos padecen alguna enfermedad mental
La primera es de orden conceptual. La retórica de los charlatanes, los nuevos guías espirituales o, a veces, del ciudadano común se niega, para empezar, a reconocer la existencia de estos padecimientos o, peor aún, a dar explicaciones rotundamente inexactas sobre ellos. Decir simplemente que son consecuencia de la llamada crisis de valores, del pesimismo como actitud inteligente, del desánimo pasajero o del vacío religioso, es subestimar por completo su naturaleza. No, no es así. Antes bien, los expertos coinciden en que los trastornos mentales son enfermedades y que, por lo tanto, debe reaccionarse a ellos de la misma forma que se hace ante otras patologías más visibles.
La segunda razón es que estos padecimientos van aumentando y además de que afectan a las personas y a sus familias, tienen enormes costos laborales y económicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo unos 350 millones de seres humanos padecen alguna enfermedad de este tipo; y en América Latina y el Caribe las sufre un 5 por ciento de la población adulta. Pero de esta proporción, entre 60 y 65 por ciento de los individuos que necesitan atención, no la reciben. Si bien no existen datos exactos de lo que las alteraciones de la salud mental cuestan, la propia OMS estima que el costo global podría ascender, en 2030, a unos 6 trillones de dólares, es decir, una cifra más o menos equivalente al gasto mundial en salud hoy día.
Y la tercera razón es que los gobiernos y en general todos los agentes de socialización –como los medios, las iglesias, las organizaciones de servicio o los grupos comunitarios– y las instituciones académicas pueden hacer más para prevenir o encauzar el problema. A estas alturas, algunos economistas profesionales, como Richard Layard, han demostrado que existe una correlación importante entre los grados de seguridad, de estabilidad política, de respeto a los derechos humanos y a la ley que se viven en un país, y los niveles de felicidad y de serenidad que alcanza una sociedad. En otras palabras, es claro que la distorsión o la franca ruptura de estos valores colectivos o las malas políticas públicas se han convertido crecientemente en elementos de tensión social e individual.
Si, como comunidad y personas, aspiramos a una vida mucho más saludable y satisfactoria, las políticas públicas deben también incluir aquellas zonas de la salud escasamente atendidas y afrontar estas patologías con las nuevas herramientas que el conocimiento, la información y la ciencia ofrecen ahora.