La reciente reforma judicial aprobada en México ha despertado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas medidas, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían poner en peligro los derechos humanos y socavar la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.
En ese sentido, el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados advirtió que estas reformas, aunque en apariencia democratizadoras, presentan riesgos significativos.
«La independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía fundamental para los derechos humanos», destacó el relator en su informe de 2024 al Consejo de Derechos Humanos.
Además, el informe apunta que la reforma, que propone la elección popular de jueces y magistrados, elimina el sistema anterior basado en méritos y evaluaciones rigurosas. Ahora, la selección dependerá de cartas de recomendación de vecinos o amigos, un cambio que deja abiertas preguntas clave, refiere la publicación:
- ¿Cómo se garantizarán la competencia y la ética?
- ¿Qué medidas se tomarán para evitar la influencia del crimen organizado o de actores económicos poderosos?
También, la ONU subrayó que la destitución masiva de más de mil 800 jueces en funciones, como parte de la transición al nuevo modelo, viola el principio de inamovilidad en el cargo.
«La remoción prematura de jueces amenaza con desestabilizar el sistema judicial, generando retrasos en los casos pendientes y afectando el derecho de los ciudadanos a un juicio justo», se indicó en el informe.
Elección judicial popular: ¿un paso hacia la justicia o un retroceso?
Por otro lado, la elección de jueces mediante el voto popular es uno de los aspectos más controvertidos de la reforma. Asimismo, la ONU señala que este mecanismo, aunque aparentemente democrático, ha sido criticado por priorizar la popularidad sobre la imparcialidad y la competencia.
«El derecho internacional exige que los jueces sean seleccionados en base al mérito y la integridad, no a criterios de popularidad», señaló el relator especial.
La reforma también introdujo un tribunal disciplinario con amplias facultades, integrado por jueces elegidos popularmente. Por tanto, este órgano podrá sancionar a otros jueces por «actos contrarios al interés público», sin que sus decisiones sean apelables ante una instancia independiente. Según la ONU, estas disposiciones podrían convertirse en herramientas de control político, intimidando a los jueces y consolidando la influencia del gobierno sobre los tribunales.
Reforma judicial en México: Críticas desde la sociedad civil y el ámbito internacional
Por su parte, las Naciones Unidas advierten que esta reforma crea un terreno fértil para la influencia indebida de actores políticos y económicos: «Estamos frente a un escenario que podría desmantelar las protecciones judiciales fundamentales«, se lee en la publicación.
Asimismo, la ONU y otros actores internacionales insisten en que cualquier cambio al sistema judicial debe garantizar la independencia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, instó al gobierno mexicano a reconsiderar aspectos clave de la reforma:
«Los jueces no son enemigos de la democracia; son sus guardianes», concluyó el texto.
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