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«Reforma a ley energética representa un retroceso contra el cambio climático»: ICC México

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) privilegian a energéticos fósiles por encima de las denominadas energías limpias, aseguró la Cámara Internacional de Comercio ((ICC por sus siglas en inglés) de México.

El organismo señaló que la reforma representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático, así como una afrenta a la salud y un riesgo para la economía nacional.

El contenido de esta reforma, agregó, no es más que una síntesis de diversos actos administrativos previamente emitidos por las principales autoridades del sector energético en México.

Aseguró que los cambios en la ley eléctrica pretendieron desaparecer los Certificados de Energía Limpia (CELs); posteriormente, las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas. 

También pretendían aumentar el uso de las centrales de la CFE y disminuir el de las plantas privadas; y, finalmente, incrementar las tarifas para los sectores energéticos industrial y comercial. 

ICC México señala que la reforma favorece a la CFE por:  

La reforma a la Ley es anticonstitucional 

La ICC México consideró que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es inconstitucional y anticonvencional. 

Inconstitucional porque viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales, detalló. 

Anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidos en los capítulos 14, 21, 24 y 28 del T-MEC, aseguró la ICC México. 

Así como al principio antimonopolios del artículo 17 del Tratado de Asociación Transpacífico; al artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; al Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; entre otros acuerdos internacionales.

Como consecuencia, el ICC advirtió una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma.  

«ICC México confía en la independencia, autonomía y capacidad del Poder Judicial, el cual, como ya ocurrió en el pasado respecto a la materia, ha defendido con gallardía la dignidad de nuestra Carta Magna y de los acuerdos internacionales de los que México es parte», informó el organismo.

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