El caso de Hugo Lujan Galván Ramírez, alias “El Huevo”, que en un acto delictivo fue asesinado a golpes por tres personas, desencadenó la polémica en el estado debido a que el sujeto contaba con más de cien ingresos a los separos de la policía preventiva municipal. El funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio se puso en tela de juicio y entre los críticos más sonados estuvieron el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval y la presidenta municipal, Teresa Jiménez Esquivel, quienes calificaron este sistema como ineficiente y además, que a causa de su mal funcionamiento la sociedad se ha visto obligada a cobrar justicia por su propia mano.
Pero, ¿realmente es esta reforma al Sistema Penal la principal culpable? Expertos en materia penal del estado explicaron a Líder Empresarial que este sistema ha trabajado más para optimizar los procesos delictivos que para retrasarlos. Además, señalaron que en el caso de “El Huevo”, todos los antecedentes pertenecieron al sistema anterior, por lo que justamente ese tipo de hechos son los que el nuevo sistema trata de evitar.
Ingresos y procesos: ¿en dónde toma partida el sistema?
El especialista en derecho penal Eloy Morales Brand detalló que en este sonado caso delictivo hubo confusión entre lo que es un ingreso y un proceso penal, ya que una de las declaraciones de la alcaldesa, Teresa Jiménez, fue que los delincuentes entraban a la cárcel y salían de forma inmediata.
“Los ingresos se refieren concretamente al sistema de prevención y seguridad pública, no al sistema de justicia penal. Se necesita de una denuncia para que el Ministerio Público abra un proceso; es necesario ver cuántas denuncias se registraron dentro de estos casi 200 ingresos, porque en ese caso no pueden haber reincidencias, ya que el nuevo sistema abre el proceso inmediatamente”, detalló.
Al respecto, el Fiscal General del estado, René Urrutia de la Vega comentó que “de los más de cien ingresos reportados de este delincuente, solamente 15 casos fueron denunciados y en solo 2 ocasiones se comprobó el delito y se aplicó la pena”. Sin embargo, según aclara, en ambos casos se aplicó la ley conforme al sistema penal anterior, por lo que quedaron muchos aspectos sin resolver. El resto de las detenciones fueron faltas administrativas, que no conllevan una pena de cárcel.
Para René Urrutia, “definitivamente, este no es un problema del sistema penal actual, sino de la forma en que se opera”, ya que reconoce, han existido deficiencias en el servicio del Ministerio Público que deben mejorarse, principalmente en la atención para levantar una denuncia.
Morales Brand coincidió con la postura. En su opinión, este también es un problema cultural, ya que la sociedad considera una pérdida de tiempo el levantar una denuncia: “Si los ciudadanos no denuncian, la policía no puede establecer la privación de la libertad de un presunto delincuente, sólo tiene permiso de ingresarlos a los separos. Los jueces son los únicos que pueden realizar un proceso, pero la percepción del sistema nos limita y ni siquiera queremos levantar una denuncia”.
¿La solución está en la cárcel?
Jesús Figueroa Ortega, juez de control y juicio oral, manifestó que es injusto calificar de “culpable” al sistema penal por la inseguridad cuando es un asunto que compete a todo el estado: “El derecho penal no es una panacea, es tan sólo una parte del estado. Necesitamos actuar como un estado social desde el inicio con el fin de reivindicar al delincuente, no sólo privarle de su libertad. Eso no genera ningún aporte a la sociedad, incluso es un retroceso, ya que nos cuesta hasta 13 millones de pesos al día mantener a los presos del país”.
Por su parte, Carlos Lomelí, administrador judicial de los juzgados de oralidad penal, señaló que este sistema actúa con el fin de solventar esos problemas pero necesita de la incidencia de los distintos organismos del estado: “Si una persona tiene muchos ingresos por delincuencia, el estado debe contemplarlo, atacar aspectos como empleo, educación, pero no se les da seguimiento para apoyarlos. Esto no significa que ellos sean víctimas, pero el sistema acusatorio no es el responsable de los males que pudiera generar una sociedad”.