El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del IMCO mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para estos, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.
Para medir lo anterior, este índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.
Los resultados generales favorecen a la CDMX. Con 67.27 puntos es el único con una calificación del todo aprobatoria, y en la escala internacional semejante a España. Le siguen, con 60 puntos o menos: Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco, con calificaciones cercanas a las de Chile, Costa Rica, Uruguay y Panamá, respectivamente.
Estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, logran puntuaciones menores a 40 puntos, similares a las de El Salvador, Paraguay y Bolivia. El estado de Sinaloa subió siete lugares para llegar al séptimo lugar nacional.
Aguascalientes es sexto en la tabla y tiene promedios semejantes a Perú. Destaca como tercer lugar en Relaciones Exteriores, tercero en Medio Ambiente y cuarto en Sociedad. Sus tres posiciones más bajas las obtiene en Sistema Político, Mercado de Factores y en Derecho (esta última en el lugar 23 de 32).
Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del IMCO
El subíndice de Aprovechamiento de las relaciones internacionales (en el que Aguascalientes se encuentra en el tercer lugar nacional) mide el grado con el que los estados capitalizan su relación con el exterior, para así poder elevar su competitividad.
Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el turismo internacional y el flujo de capitales. En un entorno cada vez más globalizado, la competitividad de entidades como Aguascalientes depende de su capacidad para explotar los vínculos con el exterior.
El subíndice de Manejo sustentable de Medio Ambiente (en el que Aguascalientes es tercero) mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera responsable con los recursos naturales y su entorno.
Provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales podría tener un efecto considerable tanto en la inversión como en la atracción de talento (a mediano y largo plazo).
El subíndice de Sociedad incluyente, preparada y sana (en el que la entidad ocupa el cuarto sitio) mide la calidad de vida de los habitantes, a través del acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud.
Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano. Se incluyen indicadores de desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socio-económicas. Un estado que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justo y competitivo.
Entre los subíndices en los que Aguascalientes aparece con menos competitividad se encuentra el subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo, que analiza el entorno de seguridad pública y jurídica.
La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos. Salvaguarda tanto su integridad física como sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública.
Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, este subíndice considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros.
El subíndice de Mercado de factores eficiente (en el que Aguascalientes aparece en el lugar 20) mide la eficiencia del principal factor de producción: el trabajo. En específico, se consideran las características esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y empleadores, puesto que son determinantes para establecer las condiciones de competitividad en cada una de las entidades federativas.
Las entidades en donde los trabajadores están mejor capacitados y donde los salarios son mejores resultan más atractivas para el talento y la inversión.
Si México quiere cerrar las brechas de desigualdad, se necesitan políticas públicas efectivas. Para ello, el IMCO propone:
- Avanzar hacia un esquema de seguridad social universal que cuente con los recursos necesarios para asegurar infraestructura, personal e insumos.
- Invertir en educación para garantizar la calidad y la cobertura.
- Priorizar la educación inicial y el preescolar por su impacto en eficiencia y equidad.
- Invertir en generar capacidades de procuración de justicia.
- Fortalecer las policías locales.
- Evaluar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza.
- Contar con un padrón único de beneficiarios.
- Definir reglas de operación para los programas de transferencias y subsidios, al seguir criterios de eficiencia, eficacia, transparencia.
- Diseñar mecanismos de evaluación y retroalimentación para transparentar los resultados.
En lenguaje de la Agenda 2030 se habla de tres conceptos básicos: el humanismo, la competitividad y la sostenibilidad. La persona como centro de la toma de decisiones, no dejar a nadie atrás, como dicen las Naciones Unidas.
La competitividad es básica en el marco de la Agenda 2030, así como encontrar nuevas oportunidades de crecimiento para los países, dado que la prosperidad siempre será deseada.
Por último, la sostenibilidad debe ser un principio que guíe cualquier proyecto -esta entendida como el uso racional de los recursos- para permitir que las generaciones futuras conozcan y disfruten de nuestro planeta, como nosotros lo hemos hecho.
Esto es posible en la mayoría de los casos si se puede desarrollar la innovación adecuada. Hay que forjar alianzas para darle sustento a nuestro bienestar, como lo marca el ODS 17.