Según una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dada a conocer el pasado jueves 12 de julio, se determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante la última contienda electoral. Lo anterior, debido al uso indebido de recursos públicos y programas sociales en dos de sus conferencias de prensa en 2023.
En este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones severas para los funcionarios públicos que coaccionen el voto. Si se comprobara que el Presidente de la República ha cometido este delito, se enfrentarían graves consecuencias legales.
La coacción del voto implica presionar a los electores para que voten de una manera específica. Esto puede realizarse mediante amenazas, promesas de dinero o beneficios, o utilizando recursos públicos para influir en las decisiones electorales.
Sanciones establecidas en la Ley
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11, establece que cualquier servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para participar en eventos proselitistas o votar de una determinada manera puede ser sancionado con prisión de dos a nueve años. También puede enfrentarse a una multa de doscientos a cuatrocientos días de salarios mínimos.
En este caso, al tratarse del presidente López Obrador, las sanciones podrían aplicarse de la misma manera que a cualquier otro funcionario público. La ley no distingue entre diferentes niveles de autoridad cuando se trata de delitos electorales.
Procedimiento legal
El Ministerio Público está obligado a proceder de oficio con la investigación de estos delitos. Si se determina que hay pruebas suficientes, se iniciará un proceso judicial en contra del presidente.
Además de las sanciones penales, la ley establece que los funcionarios públicos condenados por coaccionar el voto serán inhabilitados para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal por un periodo de dos a seis años.
Impacto político y social
Una condena de este tipo tendría un gran impacto político y social. Podría generar desconfianza en el sistema electoral y en las instituciones democráticas del país. También podría afectar la percepción pública del gobierno actual y su liderazgo.
La ley busca proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y asegurar que las elecciones sean justas y equitativas. La coacción del voto va en contra de estos principios y debe ser sancionada para mantener la integridad del proceso electoral.
Si se comprueba que el presidente López Obrador coaccionó el voto, enfrentaría graves sanciones legales, incluyendo prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Este caso subraya la importancia de mantener la imparcialidad y la equidad en las contiendas electorales, y de sancionar a quienes violen estos principios para proteger la democracia en México.
