En un contexto donde persisten desigualdades salariales y riesgos de violencia en el ámbito laboral, el Congreso del Estado de Guanajuato analiza una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, con el objetivo de incorporar de manera obligatoria los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación.
La propuesta fue presentada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del grupo parlamentario de MORENA, y fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, además de remitirse para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.
Brecha salarial: un desafío estructural en el sector público en Guanajuato
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE del INEGI, en México las mujeres perciben en promedio 14% menos ingresos que los hombres, brecha que se amplía en sectores con alta concentración de empleo público y administrativo.
En el caso de Guanajuato, según datos del INEGI y del Instituto Estatal de las Mujeres Guanajuatenses IMUG, más del 52% de las personas empleadas en la administración pública estatal y municipal son mujeres, lo que vuelve estratégico incorporar mecanismos normativos que garanticen igualdad salarial y condiciones laborales equitativas.
Igualdad sustantiva: más allá del acceso formal al empleo en Guanajuato
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado David Martínez Mendizábal subrayó que la igualdad sustantiva no se limita al acceso al trabajo, sino que implica eliminar prácticas, reglas y decisiones institucionales que reproducen desigualdad en los hechos.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, las brechas de género en el ámbito laboral suelen sostenerse por criterios aparentemente neutros que, en la práctica, afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, particularmente en ascensos, salarios y estabilidad laboral.
Armonización legislativa obligatoria en Guanajuato
La iniciativa también responde a un mandato federal vigente.
>Según el Diario Oficial de la Federación, en 2025 se publicó un decreto que reformó 17 ordenamientos federales, entre ellos la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de:
- Garantizar entornos laborales libres de violencia y discriminación
- Fortalecer la capacitación obligatoria con perspectiva de género
- Reforzar el principio de igualdad sustantiva en las condiciones de trabajo
Las entidades federativas cuentan con un plazo máximo de 180 días hábiles para armonizar su legislación local, lo que coloca a Guanajuato en un momento clave para actualizar su marco normativo.
Violencia laboral: una realidad persistente
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI, el 27.9% de las mujeres ocupadas en México ha experimentado algún tipo de violencia laboral, incluyendo discriminación salarial, humillaciones, exclusión o acoso.
En el sector público, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los casos de violencia laboral suelen estar asociados a asimetrías jerárquicas y ausencia de protocolos claros de prevención y atención, particularmente en gobiernos locales.
Responsabilidad compartida en la construcción de entornos seguros en Guanajuato
Un elemento central de la propuesta es que no deposita toda la responsabilidad en el Estado como empleador, sino que reconoce que los entornos laborales se construyen a partir de relaciones cotidianas y prácticas organizacionales.
Por ello, la iniciativa refuerza las obligaciones de las personas titulares de dependencias, estableciendo la capacitación obligatoria en igualdad sustantiva y perspectiva de género, como medida preventiva y correctiva.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los programas de capacitación institucional con enfoque de género pueden reducir hasta en 30% los incidentes de discriminación y violencia laboral, cuando se acompañan de normas claras y mecanismos de seguimiento.
Un estándar mínimo de protección para las servidoras públicas
El diputado Martínez Mendizábal enfatizó que la reforma busca garantizar que las personas servidoras públicas de Guanajuato, especialmente las mujeres, no cuenten con un estándar de protección inferior frente a la discriminación, la violencia o la desigualdad salarial, únicamente por la naturaleza administrativa de su relación laboral.
La propuesta avanza así hacia un modelo de justicia laboral con enfoque de derechos, alineado con compromisos nacionales e internacionales en materia de igualdad de género.
