El proyecto de reforma constitucional que se discutirá en la Cámara de Diputados de México propone la desaparición de varios organismos autónomos clave en el gobierno del país. Entre los más destacados se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros. Este cambio se justifica por el Gobierno Federal como parte de un esfuerzo por optimizar los recursos públicos, mejorar la racionalidad en el ejercicio del gasto y reducir duplicidades administrativas.
El principal argumento detrás de la desaparición de estos organismos es la creación de ahorros por 100 mil millones de pesos anuales, que se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La reforma también apunta a reducir costos y ajustar la estructura del gobierno para cumplir con los principios de austeridad republicana.
Ahorros millonarios y reestructuración administrativa
Uno de los principales puntos de la reforma es la generación de ahorros millonarios. Según la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, los ahorros anuales derivados de la desaparición de estos organismos alcanzarán los 100 mil millones de pesos. Estos recursos serán destinados, en su totalidad, a fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa para asegurar los recursos para la seguridad social en el país.
En cuanto a la reestructuración administrativa, la reforma transferirá las competencias y funciones de estos organismos autónomos a diversas dependencias del Gobierno Federal. Por ejemplo, el INEGI tomará el control de la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá las funciones relacionadas con el acceso a la información pública en manos de los partidos políticos. De igual manera, la política educativa será absorbida por el Ejecutivo. Mientras las funciones de regulación energética se trasladarán a la dependencia encargada de la política energética nacional.
Detalles de la reforma constitucional
La reforma constitucional propone la modificación de varios artículos clave de la Carta Magna de México, en los cuales se establecen las bases para la creación y operación de estos organismos autónomos. Por ejemplo, se derogan los párrafos del artículo 6 que regulan el funcionamiento del INAI y su autonomía. Este cambio implica que las autoridades correspondientes ahora serán responsables de garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Tareas que anteriormente correspondían al INAI.
El Cofece y el IFT, instituciones encargadas de la competencia económica y la regulación de las telecomunicaciones, también verán sus funciones transferidas al Gobierno Federal. Esta medida busca centralizar el control de políticas clave, como la competencia económica, las telecomunicaciones y la radiodifusión, en manos del Ejecutivo.
Consecuencias para los derechos laborales y la sociedad
El dictamen de la reforma también subraya que los derechos laborales de los servidores públicos de estos organismos serán respetados conforme a la legislación vigente. En este sentido, se asegura que la reestructuración no afectará las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Aunque se especifica que los detalles sobre estos ajustes se definirán en las leyes secundarias.
Desde la perspectiva de la sociedad civil, la desaparición de estos organismos genera un amplio debate sobre los posibles efectos en la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Organismos como el INAI son clave para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Por otro lado, instituciones como el Coneval juegan un papel crucial en la medición y evaluación de la pobreza, una tarea que, a partir de ahora, recaerá en el INEGI.
El Proceso legislativo y la discusión en la cámara de diputados
El proceso legislativo para aprobar esta reforma continúa en la Cámara de Diputados, donde la discusión se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2024. En esta fase, se votará el dictamen aprobado previamente en la Comisión de Puntos Constitucionales, que establece las directrices de la reforma. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, señaló que la reforma avanzará rápidamente, con la meta de ajustar las leyes secundarias en un plazo de 90 días. Además, las legislaturas estatales deberán armonizar sus marcos jurídicos en materia de acceso a la información en ese mismo lapso.
Reacciones políticas y sociales
La propuesta de reforma ha generado diversas reacciones tanto dentro del ámbito político como en la sociedad civil. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, se mostró firme en su apoyo a la medida y afirmó que la extinción del INAI es ya un hecho, a pesar de las críticas recibidas. Por su parte, diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación sobre las implicaciones que la desaparición de estos organismos pueda tener en la transparencia y el control del poder público.
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