El conflicto entre TV Azteca y sus acreedores ha escalado a nivel internacional, involucrando al Estado mexicano en un arbitraje por deudas que superan los 400 millones de dólares. El 28 de junio de 2023, los inversionistas estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management iniciaron este proceso legal bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), complicando aún más la situación de la empresa y la imagen del Estado.
Contexto del arbitraje
Desde 2022, varios acreedores han presentado juicios contra TV Azteca en cortes de Estados Unidos debido a la falta de pago de la deuda. En respuesta, TV Azteca también inició un juicio mercantil contra el Bank of New York, el representante de los acreedores.
Este juicio, identificado como el 995/2022, está en curso en el Juzgado 63° Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dirigido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas.
De este modo, en septiembre de 2022, se emitió una medida cautelar que suspendió temporalmente el cobro de los montos adeudados por TV Azteca. Esta medida ha sido objeto de varios recursos legales, pero sigue vigente. Lo que ha provocado que Cyrus y Contrarian argumenten que se violaron sus derechos bajo el TLCAN.
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Reclamaciones de los acreedores
Asimismo, Cyrus y Contrarian alegan que la medida cautelar impuesta por el Juzgado 63° Civil ha resultado en una denegación de justicia y afecta sus inversiones.
Por lo tanto, reclaman a México 220 millones de dólares en concepto de indemnización. Este argumento busca demostrar que la decisión judicial de suspender el cobro de la deuda ha impactado negativamente en su capacidad de recuperar su inversión.
Además, la defensa del Estado mexicano sostiene que la controversia entre TV Azteca y sus acreedores no es imputable al gobierno. En este sentido, el 4 de junio de 2024, la Secretaría de Economía presentó un Memorial de Objeción a la Jurisdicción.
En este documento, se argumenta que Cyrus y Contrarian no están legitimados para demandar al Estado mexicano, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo 14-C del T-MEC y el TLCAN.
Implicaciones para el Estado Mexicano
La estrategia de defensa del Estado busca demostrar que el tribunal no tiene competencia para conocer el caso. Si el tribunal acepta esta defensa, el caso podría ser desestimado, lo que aliviaría la presión sobre las finanzas públicas y la reputación de México en el ámbito internacional.
No obstante, la Secretaría de Economía sigue trabajando para proteger los intereses del Estado y garantizar que el arbitraje no afecte la soberanía nacional.
El conflicto se encuentra bajo la administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Banco Mundial que se encarga de gestionar los arbitrajes internacionales. El CIADI actúa como intermediario y facilita las comunicaciones entre el tribunal y las partes involucradas.
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