La discriminación en el ámbito laboral sigue siendo una realidad que limita las oportunidades de miles de personas en búsqueda de empleo. En respuesta a esta problemática, el Diputado Rafael Ramos de la Garza presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, con el objetivo de prohibir la publicación de requisitos discriminatorios en las ofertas de trabajo.
Requisitos discriminatorios a candidatos
Actualmente, muchas vacantes incluyen requisitos arbitrarios que limitan el acceso al empleo. Algunas exigen ser soltera, menor de 30 años y sin hijos, mientras que otras privilegian egresados de universidades privadas o establecen características físicas específicas para ciertos puestos.
Este tipo de filtros afectan especialmente a jóvenes, mujeres, personas tatuadas y egresados de instituciones públicas o técnicas, reduciendo su acceso a oportunidades laborales.
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¿Por qué es un problema los requisitos discriminatorios en el empleo?
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación en el mercado laboral limita el desarrollo profesional y personal. Además de abrir la puerta a prácticas que afectan la equidad social.
Asimismo, el Diputado Rafael Ramos enfatizó que esta problemática es una de las principales barreras que enfrentan los candidatos al buscar empleo.
Además, destacó que, aunque se han logrado avances en la cultura de la no discriminación, todavía queda un largo camino por recorrer en la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral.
¿En qué consiste la reforma propuesta?
La iniciativa busca modificar la fracción III, del artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, para garantizar que los procesos de contratación sean justos y basados en méritos profesionales. Eliminando criterios que no están relacionados con las habilidades o competencias del puesto.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas, donde será analizado antes de su posible aprobación.
Finalmente, la implementación de esta reforma impulsaría prácticas de contratación más inclusivas. Con esta propuesta, se busca garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades laborales sin ser excluidas por razones ajenas a su capacidad.
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